El Congreso colombiano rechaza la asistencia del Gobierno a la posesión de Nicolás Maduro

El Congreso de la República de Colombia ha expresado su rechazo a la posible asistencia de un delegado del Gobierno de Gustavo Petro a la toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, prevista para el próximo 10 de enero.

Críticas de la oposición

Congresistas de diferentes partidos políticos han cuestionado la representación del Gobierno colombiano en el acto, argumentando las sombras que rodean el proceso electoral en Venezuela.

Según la representante a la Cámara Katherine Miranda, de la Alianza Verde, la asistencia del Gobierno a la posesión de Maduro lo convertiría en "cómplice de la dictadura".

"Si el gobierno de Colombia acompaña a Maduro el 10 de enero lo vuelve cómplice de la dictadura. ¡Todos los que nos decimos demócratas, sin importar el color político, debemos rechazar este acto! Hoy es Venezuela, mañana puede ser Colombia", escribió Miranda en su cuenta de Twitter.

El representante Andrés Forero, del Centro Democrático, calificó la noticia como un "mal precedente" para el país, ya que legitimaría el "golpe a la democracia" en Venezuela.

"En su momento Gustavo Petro y Luis Gilberto Murillo se negaron a rechazar el evidente fraude electoral de Maduro y ahora descaradamente anuncian delegado a su espuria posesión para legitimar el golpe a la democracia. El presidente no es demócrata", afirmó Forero.

Postura del Gobierno

Por su parte, el Gobierno de Petro ha aclarado que la asistencia de un delegado a la posesión de Maduro no implica el reconocimiento de su victoria electoral, sino el mantenimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela.

"El cierre de fronteras no funcionó, queremos mantener, en el marco de la integración latinoamericana, las relaciones. Vamos a seguir exigiendo que se respeten los derechos humanos y a la oposición", explicó el vicecanciller Jorge Rojas.

Contexto

La toma de posesión de Maduro se produce tras unas elecciones controvertidas, en las que la oposición denunció fraude y manipulación.

El gobierno de Petro ha mantenido una posición ambigua respecto a la situación en Venezuela, condenando las violaciones de derechos humanos pero evitando tomar partido en el conflicto político.