El Presupuesto General de la Nación enfrenta un gran reto: su financiamiento
La aprobación del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2025, una tarea que generalmente no presenta mayores dificultades, se ha convertido en un desafío urgente para el gobierno del presidente Gustavo Petro. El problema radica en el desfinanciamiento del proyecto, que presenta un faltante de 12 billones de pesos, y en que sería el segundo año consecutivo en que se aprueba una hoja de ruta de gastos e inversiones sin tener certeza sobre el origen de los recursos necesarios.
Esta situación cobra mayor relevancia en el contexto actual de escasez de liquidez del Estado y la crisis económica que atraviesa el país, que podría agravarse si se generan señales que aumenten la incertidumbre, ya sea por el propio desfinanciamiento del Estado o por cambios en temas clave como el marco tributario o el manejo de la regla fiscal.
Preocupación en el Capitolio
Varias voces respetadas del Capitolio han solicitado que se considere la posibilidad de devolver el proyecto a la Casa de Nariño para que el Ejecutivo lo reestructure, argumentando que no es conveniente tramitar un presupuesto desfinanciado y mucho menos realizar una reforma tributaria. No obstante, esta propuesta fue rechazada por falta de quórum en las comisiones económicas, lo que representa una pequeña victoria para el Gobierno, que ahora enfrenta el reto de consolidar las mayorías de cara al inicio del primer debate en conjunto.
El panorama es complejo, en primer lugar, porque existen serias objeciones de expertos y legisladores al proyecto, y en segundo lugar, porque los coletazos del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que salpicó al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, siguen muy presentes en el Congreso.
Las cuentas del Gobierno
Para la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, ante el fracaso de la idea de devolver la iniciativa, que ella apoyó, es necesario revisar el monto del presupuesto, ya que, en su opinión, el Gobierno está haciendo cálculos optimistas. "Lo que hay que discutir es el monto, para luego ver qué se tiene que reducir y los ajustes" para evitar un desfinanciamiento, afirmó.
La senadora Lozano señaló que existe una reunión programada con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y el ministro de Hacienda para la próxima semana, y que las cuentas que presenta el gobierno son "alegres". "Estamos en un hueco mayor al esperado", indicó. Según la congresista, "el siguiente plazo que da la ley para cambios es el 15 de septiembre y es para definir el monto".
La oposición se muestra más crítica. El senador del Centro Democrático, Carlos Méisel, sostiene que sería irresponsable que el Congreso apruebe un presupuesto desfinanciado, así como darle vía libre "sin saber a ciencia cierta qué es lo que van a traer en la famosa ley de financiamiento. Por eso hemos dicho que tienen que estudiarse de manera paralela".
Advertencias desde el sector privado
Desde Cambio Radical insisten en que sería un mensaje muy negativo para la ciudadanía tramitar una nueva reforma tributaria mientras existe un escándalo de corrupción en el Gobierno como el de la UNGRD, donde se habrían robado miles de millones de pesos.
Por su parte, la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) advierte que "la regla fiscal es fundamental para la confianza en la economía de Colombia, ya que establece límites al gasto y la deuda pública. Cambiarla, como propone el ministro Bonilla, puede generar ingresos adicionales a corto plazo al permitir un mayor endeudamiento y diferir metas fiscales. Sin embargo, esto también puede aumentar el riesgo país, encareciendo el financiamiento y afectando la estabilidad a largo plazo".
Conclusiones
El panorama para la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el año 2025 es complejo y enfrenta varios desafíos, entre ellos su desfinanciamiento, las críticas y reservas de expertos y legisladores, y la incertidumbre generada por el escándalo de corrupción de la UNGRD. El Gobierno mantiene una férrea defensa de su proyecto, argumentando que es necesario para impulsar la reactivación económica y atender las necesidades sociales del país, pero deberá superar los obstáculos y consolidar las mayorías necesarias para su aprobación.