Brookfield acusa al gobierno colombiano de incumplir acuerdos internacionales

Brookfield, dueño de Isagén, acusa al gobierno de incumplir acuerdos internacionales

La empresa canadiense Brookfield, propietaria de Isagén, la generadora de energía más grande de Colombia, ha acusado al gobierno de incumplir acuerdos internacionales al modificar unilateralmente los contratos de las empresas del sector eléctrico.

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En una carta enviada al presidente Gustavo Petro, el presidente ejecutivo de Brookfield, Connor Teskey, aseguró que las modificaciones hechas por el gobierno a la regulación del sector eléctrico violan el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá y el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre los dos países.

Teskey advirtió que estas modificaciones podrían generar demandas internacionales contra Colombia y dañar la confianza de los inversionistas extranjeros en el país.

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El gobierno colombiano ha defendido las modificaciones, argumentando que son necesarias para proteger a los consumidores de los altos precios de la electricidad.

Antecedentes

En 2016, el gobierno colombiano modificó la regulación del sector eléctrico para reducir los precios de la electricidad. Estas modificaciones incluyeron la reducción de las tarifas de transmisión y distribución, así como la eliminación de un subsidio a la generación de energía renovable.

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Brookfield y otras empresas del sector eléctrico han argumentado que estas modificaciones violan los contratos que firmaron con el gobierno. Las empresas afirman que las modificaciones les han causado pérdidas significativas.

La respuesta del gobierno

El gobierno colombiano ha defendido las modificaciones, argumentando que son necesarias para proteger a los consumidores de los altos precios de la electricidad.

El gobierno también ha dicho que está dispuesto a negociar con las empresas del sector eléctrico para encontrar una solución que sea justa para todas las partes.

El impacto en los inversionistas extranjeros

Las modificaciones al sector eléctrico colombiano han generado preocupación entre los inversionistas extranjeros.

Los inversionistas temen que las modificaciones puedan crear un precedente para que el gobierno modifique unilateralmente los contratos con empresas extranjeras en otros sectores.

Esto podría dañar la confianza de los inversionistas extranjeros en Colombia y dificultar que el país atraiga inversión extranjera en el futuro.