Petro investiga contrato de medicamentos otorgado a empresa vinculada a los Char por el gobierno de Duque

La controversia en torno a la contratación pública en Colombia está escalando a medida que el presidente Gustavo Petro está poniendo bajo la lupa un millonario contrato de medicamentos que fue otorgado a una empresa ligada al poderoso clan Char días antes de su posesión. Este acuerdo, que involucra a Éticos Serrano y otras firmas, está generando intensos debates sobre la transparencia y la equidad en la asignación de recursos estatales.

¿Qué está pasando?

Según informes de W Radio (2025), el gobierno de Iván Duque, poco antes de dejar el cargo, firmó un Acuerdo Marco de Precios que favoreció a empresas, entre ellas Éticos Serrano, con la exclusividad en el suministro de medicamentos a entidades estatales en gran parte del país. Este acuerdo ha sido objeto de fuertes críticas por parte de Petro, quien cuestiona la oportunidad y los beneficiarios de dicho contrato.

«Dieciséis días antes de mi posesión como presidente, Duque entregó un billonario contrato de medicamentos a políticos. ¿Por qué dieciséis días antes de irse?, ¿por qué a políticos?, ¿por qué crear intermediarios entre los laboratorios productores de medicamentos y los hospitales y clínicas?», cuestionó Petro en su cuenta de Twitter, reviviendo una polémica que sacudió al país al inicio de su mandato.

El Acuerdo Marco de Precios y sus implicaciones

La revista Cambio (2025) explica que el Acuerdo Marco de Precios funciona mediante la agregación de demanda. Colombia Compra Eficiente selecciona a varios proveedores que, una vez elegidos, pueden vender sus productos a las entidades públicas a nivel nacional. Este mecanismo obligó a hospitales, la Policía y el Ejército a comprar a tres proveedores específicos: Éticos Serrano, UT Audidrogas y Productos Hospitalarios. La exclusión de Cruz Verde, por omitir el porcentaje de intermediación, ha generado serias dudas sobre la transparencia del proceso.

Éticos Serrano: El foco de la controversia

La investigación de Cambio (2025) reveló que Éticos Serrano es la empresa que más órdenes de compra recibió, alcanzando un contrato de 824.000 millones de pesos con la Dirección General de Sanidad Militar (DGSM) el 24 de octubre de 2023. Anteriormente, en febrero del mismo año, ya se había realizado otra compra con la misma entidad por 206.000 millones de pesos. Esta situación está generando interrogantes sobre si los procedimientos de contratación fueron los más adecuados y si se obtuvieron las mejores condiciones para el Estado.

Conexiones políticas y empresariales

La composición accionaria de Éticos Serrano revela vínculos con figuras políticas y empresariales cercanas al clan Char. Socios como José Manuel Carbonell, presidente de Olímpica S.A., y Álvaro Jesús Cotes Mestre, cercano al clan, han compartido roles en Serfinanza, el banco de los Char. Además, figuras como Farid Char Abdalá (fallecido en 2017) y empresas relacionadas con miembros del grupo familiar consolidan su influencia en esta empresa farmacéutica, que controla las droguerías La Economía.

Petro ha señalado directamente estos vínculos, preguntando: «¿Acaso los miembros políticos de esta familia contratista no hacían parte de su gobierno? ¿Por eso se opone Cambio Radical a la reforma a la salud?». Estas preguntas apuntan a posibles conflictos de interés y a la influencia política en la contratación pública.

La defensa de Duque y la respuesta de Petro

Iván Duque ha defendido la legalidad del contrato, afirmando que fue producto de un convenio Marco con Colombia Compra Eficiente y que el proceso se inició conforme a los procedimientos para conseguir el mejor servicio al mejor precio. «El contrato al que hace mención en su puesta en escena chavista fue producto de un convenio Marco con Colombia Compra Eficiente y el proceso inició en nuestro gobierno conforme a los procedimientos para conseguir mejor servicio a mejor precio. Eso se informó en el empalme y lo firmó el actual gobierno», declaró Duque en Twitter (2025).

Sin embargo, Petro ha solicitado a la Superintendencia de Salud y a las autoridades competentes investigar los precios de los medicamentos adquiridos a través del contrato. Las empresas involucradas, por su parte, defienden su participación, alegando que sus ofertas fueron las más favorables y que cumplieron con sus obligaciones.

El debate sobre la transparencia continúa

La controversia persiste y la transparencia en la contratación pública sigue siendo un tema central en el debate político colombiano. Este caso pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en la asignación de contratos estatales, garantizando que se obtengan las mejores condiciones para el Estado y se eviten posibles conflictos de interés.

Referencias