El Congreso aprueba la ley de Insolvencia Empresarial para facilitar la reorganización de compañías
El Congreso de la República de Colombia aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley 106 de 2023 del Senado y 365 de 2024 de la Cámara, un proyecto de Insolvencia Empresarial que busca reducir el trámite de 24 a 3 meses y por medio del cual se adoptan de manera permanente las medidas establecidas en los Decretos Leyes 560 y 772 de 2020.
Objetivo de la nueva ley
Esta decisión tiene como objetivo modificar las reglas del proceso de insolvencia y adoptar aquellas que se habían generado durante la pandemia del Covid-19 para proteger a las empresas, preservar los empleos y salvaguardar el crédito, sin importar el tamaño de la compañía.
Medidas incluidas en la ley
La iniciativa, liderada por la Superintendencia de Sociedades con el apoyo de todas las bancadas del Congreso, presenta una amplia gama de disposiciones diseñadas para el salvamento empresarial, la protección de los empleos y la promoción de la reactivación económica, entre las que se destacan:
- Establecimiento de mecanismos simplificados para facilitar la reorganización empresarial, ofreciendo plazos de pago flexibles y alivio financiero para las cargas financieras que enfrentan las empresas.
- Fomento de las iniciativas para la financiación del deudor y establecimiento de mecanismos de rescate para empresas al borde de la liquidación, previniendo su desaparición y protegiendo su viabilidad.
- Implementación de marcos sólidos para guiar la negociación de acuerdos de reorganización y procedimientos de recuperación, priorizando la cobertura y la atención a los deudores, asegurando soluciones justas y equitativas para todas las partes involucradas.
- Definición de directrices claras para establecer un régimen de insolvencia efectivo, promoviendo el uso de herramientas tecnológicas e implementando mecanismos robustos para proteger a las empresas y los empleos, salvaguardando el tejido empresarial y el bienestar de los trabajadores.
- Priorización de estrategias efectivas para la recuperación de valor en los procesos de liquidación, enfatizando la adjudicación en bloque o como unidad productiva, maximizando el retorno de activos y minimizando las pérdidas para acreedores y deudores.
- Ampliación de la lista de auxiliares de la justicia para atender de manera eficaz el creciente volumen de procedimientos de insolvencia, garantizando una atención oportuna y especializada a las empresas en dificultades.
- Establecimiento de procedimientos simplificados para agilizar la resolución de casos de insolvencia de menor tamaño, optimizando los recursos y brindando soluciones más rápidas y eficientes a las empresas afectadas.
Para los procesos de reorganización expedita y liquidación judicial simplificada se establece la aplicación subsidiaria de la Ley 1116 de 2006 que brindan un marco legal sólido y coherente para este tipo de procedimientos.
Beneficios de la nueva ley
La nueva ley de Insolvencia Empresarial busca brindar a las empresas colombianas una herramienta eficaz para enfrentar las dificultades financieras y promover su recuperación, con lo que se espera:
- Proteger las inversiones y mejorar la competitividad del país, creando un entorno más atractivo para la inversión nacional y extranjera.
- Fortalecer la economía popular y comunitaria, reconociendo su papel fundamental en la generación de empleo y el dinamismo económico.
- Establecer regulaciones para fortalecer la economía popular, especialmente las pequeñas y microempresas.
La Superintendencia de Sociedades destaca que la incorporación de estos decretos en la legislación permanente "marca un punto de inflexión en el régimen de insolvencia de Colombia, brindando la estabilidad y previsibilidad que tanto necesitan las empresas que navegan por entornos económicos desafiantes como el de la pandemia".
La iniciativa también cuenta con un enfoque especial en las micro y pequeñas empresas, y entre los cambios que se aprobaron está la reducción del trámite de 24 a 3 meses, para evitar los cierres y la pérdida de empleos.