Exministro de Hacienda, Diego Guevara, bajo la lupa por presunto desvío de fondos de la UNGRD
El panorama político colombiano se encuentra convulsionado tras revelaciones que señalan al exviceministro de Hacienda, Diego Guevara, como presuntamente implicado en una red de corrupción que habría desviado fondos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La investigación, desvelada por Semana, está sacudiendo los cimientos del gobierno y generando interrogantes sobre la integridad de varios funcionarios. Según Redacción Nación (2024), los chats revelados sugieren una manipulación sistemática de contratos para asegurar el apoyo de congresistas en la aprobación de préstamos internacionales.
¿Cómo operaba la presunta red de corrupción?
Las acusaciones apuntan a que Guevara, junto con la asesora María Alejandra Benavides, orquestaron un esquema para direccionar contratos inflados en la UNGRD. El objetivo principal, según los documentos publicados, era garantizar el respaldo de los legisladores a la aprobación de créditos multimillonarios. Pulzo (2024) informa que el plan se habría ejecutado bajo las órdenes del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
El modus operandi, según los chats revelados, involucraba la discusión abierta sobre la manipulación en la asignación de contratos y las estrategias para convencer a los congresistas implicados. Se detallaban incluso los tiempos específicos para abordar a diferentes grupos de legisladores, buscando el momento oportuno para asegurar su apoyo. Esta estrategia, calificada de «sofisticada y cínica» por algunos analistas, revela la presunta premeditación con la que se habría actuado.
Los préstamos aprobados y la intervención de la Contraloría
El 12 de diciembre de 2023, la Comisión de Crédito Público aprobó préstamos por un total de 2,5 billones de pesos, provenientes del Banco de Desarrollo de Alemania y la Corporación Andina de Fomento. Estos fondos, según la investigación, serían el resultado de las gestiones corruptas que buscaban asegurar la aprobación de dichos créditos.
Sin embargo, la Contraloría General de la República intervino, suspendiendo a Olmedo López, entonces director de la UNGRD. Esta acción, aunque complicó los planes iniciales de Guevara y Benavides, no detuvo por completo la presunta trama corrupta. Pulzo (2024) señala que lograron sortear la interferencia y continuar con sus actividades, como lo confirmó Benavides en una comunicación posterior.
Implicaciones en la elección de altos cargos judiciales
La investigación se extiende más allá de los contratos de la UNGRD, alcanzando incluso intentos de influencia en la elección de altos cargos judiciales. Se ha revelado la presunta colaboración de Vladimir Fernández en la elección para magistrado de la Corte Constitucional, ampliando el espectro de la investigación y generando aún más controversia.
Investigación contra congresistas Iván Name y Andrés Calle
A principios de noviembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia inició una investigación formal contra los congresistas Iván Name y Andrés Calle, exmandatarios del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente. Se les acusa de haber recibido dinero proveniente de la UNGRD a cambio de impulsar las reformas del Gobierno. Según Pulzo (2024), las investigaciones se centran en presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación en beneficio de terceros.
De acuerdo con las indagaciones de las autoridades, Name y Calle se habrían comprometido a promover reformas propuestas por el gobierno del presidente Gustavo Petro a cambio de la presunta distribución de fondos por parte del exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla Álvarez.
El impacto político y social del escándalo
Este escándalo de corrupción tiene un impacto significativo en la credibilidad del gobierno y en la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Las acusaciones contra un exministro de Hacienda y altos congresistas generan un clima de incertidumbre y desconfianza, afectando la estabilidad política y social del país.
La investigación continúa en curso y se espera que en los próximos meses se conozcan nuevos detalles sobre la presunta red de corrupción y sus implicaciones. La sociedad colombiana exige transparencia y justicia en este caso, esperando que los responsables sean llevados ante la justicia y que se tomen medidas para prevenir futuros actos de corrupción.
Reacciones ante el escándalo
Las reacciones al escándalo no se han hecho esperar. Diversos sectores políticos y sociales han expresado su indignación y han exigido una investigación exhaustiva y transparente. Organizaciones de la sociedad civil han convocado a movilizaciones para exigir el fin de la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones.
- Partidos de oposición: Han criticado duramente al gobierno y han exigido la renuncia de los funcionarios implicados.
- Organizaciones de la sociedad civil: Han convocado a movilizaciones para exigir el fin de la corrupción.
- Ciudadanía en general: Ha expresado su indignación y desconfianza a través de redes sociales y medios de comunicación.
El desarrollo de este caso será crucial para el futuro político y social de Colombia. La capacidad del sistema judicial para investigar y sancionar a los responsables será determinante para restaurar la confianza en las instituciones y fortalecer el estado de derecho.
