Sentencia de la Corte Constitucional genera impacto fiscal para la Nación

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, presentó un escrito de sustentación ante la Corte Constitucional, en el que señaló que la sentencia que tumbó el artículo de la reforma tributaria de Gustavo Petro sobre la deducción de regalías tiene un impacto fiscal significativo para la Nación.

Según Bonilla, el impacto en el flujo de caja de la Nación para el 2024 asciende a 6,7 billones de pesos. Este valor corresponde a 3,4 billones de pesos de saldos a favor que serían devueltos a los contribuyentes y 3,3 billones de pesos por concepto de recaudo frustrado.

Implicaciones a mediano plazo

En el mediano plazo, el impacto se traduce en una menor disponibilidad de recursos por el orden de 2,8 billones de pesos promedio por año entre 2025 y 2034, equivalentes a 0,12% del Producto Interno Bruto (PIB), según el documento presentado por Bonilla.

En un documento posterior de subsanación, el ministro indicó que el impacto fiscal de la sentencia llegaba a 34,9 billones de pesos en valor presente. Este valor se descompone de los 6,7 billones de pesos correspondientes al efecto en caja de la vigencia de 2024, de los 17,3 billones de pesos al valor presente de la pérdida de recaudo entre 2025 y 2034, y los 10,9 billones de pesos correspondientes a la perpetuidad de este flujo a partir de 2035 en adelante.

Propuestas de mitigación

Para mitigar el impacto fiscal de la sentencia, Bonilla le propuso a la Corte cuatro planes para su cumplimiento en un marco de sostenibilidad fiscal. Estos planes serán analizados por la entidad judicial.

Las alternativas propuestas por el ministro implican diferir los efectos del fallo a partir del 1 de enero de 2025 o 2024, o bien reconocer el mayor valor del impuesto como descuento en cuotas iguales en diferentes años gravables.

Planes alternativos

Conclusión

La sentencia de la Corte Constitucional sobre la deducción de regalías tiene un impacto fiscal significativo para la Nación. El ministro de Hacienda ha presentado cuatro planes para mitigar el impacto de la sentencia, que serán analizados por la entidad judicial. La Corte deberá decidir cuál de los planes se ajusta a los criterios de sostenibilidad fiscal y cumplimiento de la sentencia.