Gobernadores arremeten contra Petro por reducción presupuestal
Los gobernadores de Colombia han expresado su preocupación ante la posible reducción del presupuesto de 2025, que podría superar el 25% en algunos departamentos. El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, afirmó que este recorte afectará negativamente a proyectos cruciales como la lucha contra la desnutrición y el desarrollo de infraestructura.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también señaló una reducción del 25% en el presupuesto, lo que dificultará la ejecución de programas esenciales. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, criticó la recentralización del país, con el 80% de los recursos manejados por el gobierno nacional.
Petro atribuye las acusaciones a la oposición
Ante estas preocupaciones, el presidente Gustavo Petro reconoció la situación, pero responsabilizó a la oposición por las afirmaciones sobre un aumento de los gastos de funcionamiento. Aseguró que el aumento se debe a transferencias constitucionales a municipios y departamentos, así como a incrementos salariales para las fuerzas armadas.
Petro instó al Congreso a aprobar la ley de financiamiento, que es crucial para la financiación del presupuesto de 2025. Sin embargo, la aprobación de la ley parece poco probable, ya que el Congreso no aprobó el monto solicitado de 523 billones de pesos.
"El alegato de la oposición hablando de un crecimiento de los gastos de funcionamiento no mira en que consiste ese aumento o lo oculta". - Gustavo Petro, Presidente de Colombia
Gobernadores esperan reunión con ministros
Los gobernadores esperan reunirse con los Ministerios de Hacienda, Interior, la Consejería de Regiones y Planeación Nacional para discutir el presupuesto y la inversión concurrente. El director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Didier Tavera, expresó la necesidad de aumentar la ejecución presupuestaria y atender las necesidades de los ciudadanos.
La situación presupuestal ha generado preocupación entre los gobernadores, quienes advierten sobre las posibles consecuencias negativas para el desarrollo regional y la prestación de servicios esenciales.
