Reanudan audiencia de medida de aseguramiento contra exdirectivos de la UNGRD
Este sábado 31 de agosto, fue reanudada la audiencia de medida de aseguramiento que definirá si Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, y el contratista Luis Eduardo López Rosero, conocido como ‘el Pastuso’, serán enviados a la cárcel o a un centro de reclusión militar.
El proceso judicial, que se lleva a cabo en la Sala de Audiencias del Complejo Judicial de Paloquemao, en Bogotá, ha generado gran atención debido a las acusaciones de corrupción que involucran millonarios contratos destinados al suministro de agua en La Guajira y a obras de mitigación en varios departamentos de Colombia.
En la audiencia anterior, la Fiscalía General de la Nación imputó a los tres acusados cinco delitos graves: concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
Según la fiscalía, López y Pinilla, con la complicidad de otros altos funcionarios y el contratista López Rosero, habrían desviado recursos públicos para pagar sobornos a políticos influyentes, como el expresidente del Senado, Iván Name, y el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, siguiendo instrucciones de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE).
En audiencias pasadas, la fiscalía presentó pruebas como chats de WhatsApp, testimonios y documentos que demostrarían cómo los acusados desviaron contratos millonarios a favor de empresas y aliados políticos en municipios de Córdoba, Arauca y Bolívar.
Los abogados defensores de los acusados, entre ellos los hermanos Luis y Gustavo Moreno, han manifestado que no se oponen a la solicitud de medida de aseguramiento solicitada por la fiscalía y han pedido que sus clientes sean recluidos en una guarnición militar debido a amenazas contra sus vidas.
En el marco del caso, se ha denunciado la desaparición de 63 cajas con documentos clave de la UNGRD, lo que refuerza la solicitud de la fiscalía para que los imputados sean enviados a prisión preventiva, argumentando el riesgo de destrucción de pruebas y la gravedad de los delitos imputados.
Además de la gravedad de los cargos, en este caso se han mencionado a altos funcionarios del gobierno, como el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y la exconsejera de las Regiones, Sandra Ortiz, quienes habrían estado involucrados en la red de corrupción, según declaraciones de los acusados.
Las reacciones en el caso
En medio del proceso judicial, el abogado defensor solicitó a la fiscalía salvaguardar los elementos probatorios que se habrían perdido, como cajas de archivo y discos duros.
La audiencia ha sido seguida de cerca por la opinión pública colombiana, que ha expresado su preocupación por la corrupción en altos niveles del gobierno. La fiscalía ha enfatizado la importancia de investigar y sancionar este tipo de delitos.
El caso de la UNGRD se suma a una serie de escándalos de corrupción que han sacudido a Colombia en los últimos años, lo que ha generado un creciente malestar social y demandas de mayor transparencia y rendición de cuentas.
La audiencia de medida de aseguramiento continuará en los próximos días, y se espera que el juez tome una decisión sobre el futuro de los acusados.
