Reforma agraria: Aceleran compra de tierras para cumplir meta de 600.000 hectáreas

Aceleran la reforma agraria para cumplir con la meta de 600.000 hectáreas compradas este año

El Gobierno nacional busca acelerar la reforma agraria para cumplir con la meta de comprar 600.000 hectáreas de tierras este año, con el fin de entregarlas a campesinos y comunidades étnicas.

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Retos y avances

Este proyecto ha enfrentado varios retos, como la identificación de tierras productivas y la verificación de su disponibilidad jurídica. Sin embargo, el Gobierno ha logrado avances significativos, como la compra de 100.768 hectáreas de manera voluntaria, lo que representa el 6,7% de la meta total.

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Distribución de las tierras

Las tierras adquiridas hasta el momento han sido distribuidas en diferentes regiones del país, como Casanare, Putumayo, Huila, Risaralda, Antioquia, Sucre, Caquetá, Bolívar y Norte de Santander. Además, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) realizó una maratón de entrega de tierras en 10 departamentos, repartiendo 8.000 hectáreas.

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Compromisos con los ganaderos

El Gobierno también ha establecido un acuerdo de compra directa con la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), que ha ofrecido 599.876 hectáreas. De este total, el Gobierno ha comprado 33 predios con una extensión de 10.328 hectáreas, principalmente en los departamentos de Meta y Vichada.

Irregularidades denunciadas

El proceso de reforma agraria ha sido objeto de denuncias sobre presuntas irregularidades. La Procuraduría General de la Nación advirtió que 136.911 millones de pesos están en riesgo debido a compras de terrenos baldíos y zonas inundables no aptas para la producción agrícola.

Medidas para garantizar transparencia

Ante estas denuncias, el actual director de la ANT, Juan Felipe Harman, ha implementado medidas para reglamentar los procesos de compra y suspender pagos hasta revisar exhaustivamente cada expediente.

Proceso de identificación y verificación

El proceso de identificación de tierras para su compra implica verificar su ubicación catastral, disponibilidad jurídica y cumplimiento con requisitos ambientales y agrarios. La ANT también revisa la información de los propietarios y oferentes en listas restrictivas.