Fiscal falsa condenada a 12 años de prisión por trabajar sin título

Claudia Elena Lozano Doria, fiscal falsa, condenada a 12 años de prisión

Este domingo 24 de agosto se conoció la condena de Claudia Elena Lozano Doria, quien estuvo trabajando como fiscal durante 13 años, en los periodos entre 2000 y 2013, sin tener título como abogada.

De acuerdo con la investigación, la mujer no habría pasado por una facultad de Derecho, no contaba con tarjeta profesional o un certificado que la acreditara como abogada y recurrió a la falsificación de documentos para entrar a trabajar a la Fiscalía General de la Nación.

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Lozano Doria logró entrar a la agencia de Gobierno gracias a la amistad que tenía con la funcionaria María Constanza Mestre. En septiembre de 2000 inició a trabajar como técnica en la Sección Judicial de Montería, Córdoba, y aprovechando su relación con Mestre copió parte de su hoja de vida.

La mujer llegó a posesionarse como fiscal en doce oportunidades y ocupó cargos como fiscal local delegada ante los jueces de Barranquilla, fiscal delegada ante los jueces de Cartagena y posteriormente fue nombrada directora seccional de Fiscalía de Riohacha.

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Descubrimiento del montaje

Su montaje fue descubierto luego de salir de la Fiscalía e intentar ingresar a la Judicatura utilizando los mismos documentos con el objetivo de ser nombrada juez de ejecución de penas en Valledupar. Allí presentó una tarjeta profesional y diploma de la Corporación Universitaria del Sinú, y en medio del proceso ingresaron su número de cédula y descubrieron que los datos no coincidían y en el registro nacional de abogados no aparecía nadie con ese nombre.

Por lo anterior, la Fiscalía la vinculó a un proceso por fraude procesal y falsedad en documento privado. María Constanza Mestre, examiga de la mujer, se convirtió en testigo clave y declaró que todos los documentos eran de ella y que Lozano Doria solo modificó su nombre y cédula.

Condena

Finalmente, la Fiscalía condenó a Lozano Doria a doce años y nueve meses de prisión. La sentencia acaba de ser ratificada plenamente por el Tribunal Superior de Bogotá que, a su vez, le remitió la decisión a la Universidad del Sinú para que adopte las medidas que considere pertinentes.