La decisión, emitida el lunes 10 de junio, surge de un largo proceso judicial iniciado en 2007 por Earth Rights International en nombre de nueve víctimas del Urabá antioqueño y el Magdalena Medio. De estas, ocho han sido reconocidas por el juez como beneficiarias de la indemnización. Este fallo marca un precedente en Estados Unidos al responsabilizar a una gran corporación por su complicidad en abusos de derechos humanos en el extranjero.

Chiquita Brands admitió en 2007 haber realizado pagos a las AUC, así como a otros grupos armados como las FARC y el ELN, aunque en este último caso, las transacciones ocurrieron antes de que fueran catalogadas como organizaciones terroristas por el gobierno estadounidense en 2001. Estos pagos se justificaban, según la empresa, como una medida para proteger a sus empleados de las extorsiones y amenazas de estos grupos.

El proceso judicial contó con testimonios de exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso y Éver Veloza, conocido como "HH", quienes confirmaron que los fondos recibidos de Chiquita fueron usados para cometer crímenes atroces, incluyendo homicidios, secuestros y torturas. Jack Devine, exoficial de la CIA, también testificó, recomendando a la empresa su retirada de Colombia debido al peligro que representaba operar en una zona bajo control paramilitar.

Durante el juicio, los abogados de Chiquita argumentaron que los pagos se realizaron bajo coacción y que no representaban una fuente significativa de financiación para las AUC. Sin embargo, esta defensa fue refutada por Earth Rights International, que presentó documentos mostrando que estos pagos eran sistemáticos y conocidos por los altos mandos de la empresa en Estados Unidos.

Chiquita Brands, que en su momento operaba a través de su filial Banadex en Colombia, fue una de las empresas más rentables de la multinacional a nivel mundial. En el año 2003, Banadex logró cifras récord a pesar del conflicto armado, lo que evidencia la compleja relación entre las operaciones comerciales y el control paramilitar en la región del Urabá.

La condena de Chiquita incluye no solo la compensación económica a las víctimas reconocidas en el fallo, sino también un llamado de atención sobre la responsabilidad corporativa en zonas de conflicto. Earth Rights International subraya que este caso podría abrir la puerta a más litigios en Estados Unidos y otros países donde empresas multinacionales operan en contextos de violencia y violaciones de derechos humanos.

Paralelamente, en Colombia, la Fiscalía General de la Nación está llevando a cabo procesos judiciales contra antiguos ejecutivos de las filiales Banadex y Banacol por concierto para delinquir agravado. Estos juicios están relacionados con pagos a las Convivir, cooperativas de seguridad que en muchos casos sirvieron como base para la formación de las AUC.

Con más de 7,000 personas presentando acciones legales contra Chiquita en Colombia, el panorama judicial para la multinacional es incierto. Además, investigaciones recientes sugieren que Chiquita podría haber facilitado el tráfico de drogas al permitir que los paramilitares usaran sus contenedores para esconder cocaína, un hecho que la empresa niega vehementemente.

En 2014, Chiquita Brands fue adquirida por el consorcio brasileño Cutrale-Safra por 1.300 millones de dólares. Este consorcio, liderado por los magnates brasileños José Luis Cutrale y Joseph Safra, asumió la deuda de la compañía estadounidense y convirtió a Chiquita en una subsidiaria de propiedad total. Cutrale, conocido principalmente por su producción de jugos de naranja, y Safra, un importante fondo de inversión, buscaban diversificar sus negocios con esta adquisición.