En una audiencia realizada el miércoles 13 de marzo, el Tribunal Superior de Barranquilla tomó la decisión de denegar la libertad al excomandante paramilitar Salvatore Mancuso. La razón principal detrás de esta determinación fue la consideración de que su designación como gestor de paz era inconstitucional.
Durante la audiencia, el magistrado Carlos Andrés Pérez expresó que otorgar la libertad a Mancuso equivaldría prácticamente a un indulto por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su participación en las Autodefensas Unidas de Colombia. El Tribunal argumentó que no quedaba claro cuál sería el papel específico de Mancuso en las mesas técnicas de paz mencionadas en su designación.
El magistrado Pérez señaló: "No encuentra la sala qué papel concreto desempeñaría el procesado en las mesas técnicas aludidas, es más, no se sabe cuáles son las mesas, quiénes las integrarían, dónde operarían, por cuánto tiempo sesionarían". Esta falta de claridad en cuanto a las funciones asignadas llevó al Tribunal a cuestionar la validez de la designación.
Una de las críticas fundamentales del Tribunal recae en la amplitud de las facultades otorgadas a Mancuso como gestor de paz. El magistrado Pérez destacó que el decreto presidencial dejaba abierta la posibilidad de que cualquier criminal, sin importar el delito cometido, pudiera actuar en pro de la paz, evadiendo así sus responsabilidades legales.
El magistrado afirmó que el primer artículo de la designación, que nombra a Mancuso como gestor de paz, era tan amplio que "por poco se asemeja a las funciones que debe desempeñar el Alto Comisionado para la Paz". Esto planteó la preocupación de que la resolución presidencial no estableciera límites claros en cuanto a excepcionalidad, limitación cronológica y geográfica.
Según el Tribunal Superior de Barranquilla, la resolución presidencial 244 de 2023, que designó a Mancuso como gestor de paz, obvió requisitos esenciales, lo que daría a Mancuso facultades sin límites. El magistrado Pérez advirtió que esta situación conduciría a una "excarcelación ilimitada e incontrolada" de un postulado que enfrenta cargos graves.
Además, el Tribunal argumentó que las amnistías o indultos de delitos relacionados con violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos son inconstitucionales, según la Corte Constitucional. Este tipo de perdones también iría en contra de tratados internacionales firmados por Colombia y violaría los derechos a la justicia de las víctimas.
La determinación del Tribunal de Barranquilla resalta la complejidad de abordar la participación de excombatientes en procesos de paz, equilibrando la búsqueda de reconciliación con la necesidad de rendición de cuentas por graves violaciones a los derechos humanos. El debate sobre la libertad condicional de Salvatore Mancuso continúa, generando importantes interrogantes sobre el camino hacia la justicia y la paz en Colombia.