Desde el pasado 31 de agosto, Colombia está enfrentando una ola de bloqueos y paros nacionales en respuesta al aumento del precio del diésel, que ha sido decretado por el Gobierno Nacional. Los camioneros, que ya iniciaron el paro el 1 de septiembre, se están uniendo ahora motociclistas y conductores de aplicaciones, quienes planean movilizarse a partir del 4 de septiembre. Esta expansión de las protestas refleja el creciente descontento con las políticas gubernamentales y el trato recibido por los transportadores.
Los motociclistas están llevando su protesta un paso más allá, uniéndose al paro nacional liderado por los camioneros. Este gremio expresa su frustración con las políticas de movilidad y el trato de las autoridades hacia ellos. Según Arnold Baquero, un representante del grupo, los motociclistas se sienten perseguidos y explotados por las grúas y la Secretaría de Movilidad. En su mensaje, Baquero ha declarado: “Si los taxistas bloquean, si los camioneros pelean por el aumento del ACPM, nosotros también saldremos a las calles. Todos juntos en la protesta para acabar con el negocio de las grúas y la persecución.” Esta declaración subraya un sentimiento generalizado de injusticia entre diversos grupos de transporte.
Mientras tanto, en Barranquilla, las tensiones también están elevadas debido a la reactivación del cobro en el peaje Papiros, que se reinició el 2 de septiembre. La medida ha desencadenado una serie de protestas bajo un “plan tortuga,” una estrategia que consiste en disminuir la velocidad de los vehículos para crear congestión y caos vial. Los residentes y manifestantes argumentan que el peaje es excesivo y que su reactivación perjudica a la comunidad local. La tarifa de $3.500 para vehículos y $1.500 para residentes está generando un descontento significativo, especialmente entre los estudiantes y trabajadores que utilizan esta vía regularmente.
El impacto de estas manifestaciones es considerable. En Barranquilla, el paro de camioneros está empezando a afectar la distribución de alimentos, con retrasos en la entrega de productos frescos a la Central de Abastos. Leonardo Mulford, gerente comercial de Granabastos, ha señalado que los bloqueos están obligando a los transportadores a tomar rutas alternativas, lo que incrementa los costos operativos y, por ende, los precios de los alimentos. Esta situación podría reflejarse en un aumento de precios en los supermercados y mercados locales.
El presidente Gustavo Petro, quien ha liderado una serie de reuniones para gestionar la crisis, ha manifestado que no cederá a las demandas de los transportadores. Petro argumenta que el aumento en el precio del diésel es necesario para corregir un déficit en el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible (Fepc), que, según él, ha estado afectando las finanzas públicas del país. En sus declaraciones, Petro ha enfatizado que los recursos antes destinados a subsidios serán redirigidos a programas sociales esenciales.
A pesar de la firme postura del Gobierno, la situación continúa siendo tensa. Las protestas de los transportadores y las manifestaciones en Barranquilla están generando un efecto dominó en la economía y la vida cotidiana de los ciudadanos. Las autoridades locales están tratando de mediar entre los diferentes grupos afectados, mientras que el Gobierno central mantiene su posición sobre el ajuste del precio del diésel.
Se espera que las protestas continúen en los próximos días, con un aumento en la participación de diferentes sectores del transporte. La magnitud del paro y las manifestaciones podría intensificarse, especialmente si no se logran acuerdos entre las partes involucradas. La capacidad del Gobierno para manejar esta crisis sin comprometer los programas sociales y la estabilidad económica del país será crucial en los días venideros.
La situación actual subraya la necesidad de un diálogo efectivo y soluciones equilibradas que puedan abordar tanto las preocupaciones económicas como las demandas de los transportadores y la comunidad afectada por el peaje. Las próximas jornadas serán determinantes para la resolución de estos conflictos y para restablecer el orden en el transporte y la movilidad en Colombia.