En medio de la agitación política y las tensiones en el sector de la salud en Colombia, la Superintendencia de Salud ha tomado la decisión de intervenir a EPS Sanitas, la segunda entidad promotora de salud más grande del país, con 5,7 millones de afiliados. Esta acción, anunciada por el Gobierno de Gustavo Petro, ha generado incertidumbre entre los usuarios y especulaciones sobre el futuro de la entidad.
La EPS Sanitas es propiedad del grupo español Keralty, que tiene otras empresas de salud Estados Unidos, México, Brasil, España, Perú, Venezuela, Filipinas y República Dominicana. La medida de intervención, anunciada por el director de la Superintendencia de Salud, Luis Carlos Leal, tiene como objetivo administrar la entidad durante un año debido a su crisis financiera, quitando el control al grupo español. El Gobierno, liderado por Gustavo Petro, justifica esta acción como parte de su agenda de reforma en el sector de la salud, con el propósito de transformar el sistema y eliminar la intermediación de las EPS privadas.
La intervención ha generado preocupación entre los 5,7 millones de afiliados de EPS Sanitas, quienes temen por la continuidad de sus tratamientos y el acceso a los servicios médicos. A pesar de las afirmaciones de las autoridades de que no habrá cambios significativos en la prestación del servicio, la incertidumbre persiste entre los usuarios.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el superintendente de salud, Luis Carlos Leal, han asegurado que los servicios de EPS Sanitas continuarán con normalidad y que los usuarios no necesitarán realizar trámites adicionales para acceder a la atención médica y los medicamentos. Se han establecido garantías para mantener las citas médicas, los tratamientos en curso y la cobertura en caso de hospitalización.
EPS Sanitas es propiedad del grupo español Keralty, lo que ha llevado a especulaciones sobre las repercusiones de esta intervención en el ámbito internacional. Mientras tanto, críticos como el exministro de Salud Alejandro Gaviria y representantes políticos de la oposición cuestionan la eficacia de la intervención y advierten sobre posibles consecuencias negativas para el sistema de salud.
La intervención de EPS Sanitas marca un momento crucial en el panorama de la salud en Colombia. La incertidumbre entre los usuarios, las especulaciones sobre la propiedad y las críticas de los expertos plantean desafíos significativos para el Gobierno y las autoridades de salud. El futuro de la entidad y su impacto en los usuarios seguirán siendo temas de debate y atención en los próximos meses.