Un impactante video que circula en redes sociales muestra a un policía de tránsito en Bogotá, quien protagoniza un bochornoso altercado con dos transeúntes en la Autopista Sur de la ciudad. El uniformado, que aparentemente estaba en un operativo de control de tráfico, es captado mientras desciende de su motocicleta y arremete contra los dos hombres, lanzando a uno de ellos al suelo con una fuerza desmedida. Este incidente ha generado una fuerte reacción en la opinión pública, que una vez más cuestiona los límites del uso de la fuerza por parte de las autoridades.
El video, que rápidamente se viralizó, fue grabado en plena Autopista Sur de Bogotá, una de las vías más transitadas de la capital colombiana. En las imágenes, se puede observar cómo el policía de tránsito, sin mediar palabra, se aproxima a dos hombres que caminan por la vía. En un acto de evidente desproporción, el uniformado levanta a uno de ellos en el aire y lo lanza contra el asfalto, mientras que el segundo hombre intenta escapar del lugar.
Este incidente se suma a una larga lista de casos de abuso de autoridad por parte de la Fuerza Pública en Colombia, un problema que ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Según un reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), entre enero de 2022 y septiembre de 2023, se reportaron 264 incidentes relacionados con abuso de autoridad en el país. De estos, el 78% involucró afectaciones directas a la población civil, siendo Bogotá una de las ciudades con mayor número de casos.
La falta de control y la discrecionalidad con la que algunos agentes del Estado actúan en sus labores diarias han contribuido a que la ciudadanía pierda confianza en las instituciones. Las encuestas realizadas por la FIP revelan que solo el 16% de la población confía en la Policía Nacional, un porcentaje alarmantemente bajo que refleja el desgaste de la legitimidad institucional.
El abuso de autoridad no es un tema nuevo en Colombia, pero cada vez que se presenta un caso como el de la Autopista Sur, se reaviva el debate sobre la necesidad de implementar mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas. Expertos en derechos humanos insisten en que el Estado colombiano debe asumir una posición proactiva en la prevención de estos hechos, y no limitarse a reaccionar solo cuando los incidentes se hacen públicos.
Es fundamental que las instituciones encargadas de velar por el orden público actúen dentro del marco de la ley y con respeto a los derechos humanos. La violencia y la represión no pueden ser la respuesta ante situaciones de tensión, y es responsabilidad del Estado garantizar que sus agentes cumplan con estos principios.