La morgue de Aguachica, en el Cesar, enfrenta una grave crisis que está afectando a las familias de los fallecidos. La falta de personal y las precarias instalaciones están obligando a los dolientes a viajar a otros municipios para realizar las necropsias y trasladar los cuerpos, lo que les genera gastos adicionales y una gran angustia.

Angustia y gastos para las familias

Walter Jiménez Badillo falleció el pasado sábado en un accidente de tránsito y su familia tuvo que trasladar su cuerpo a la morgue de Aguachica. Sin embargo, ese día no había turno, por lo que tuvieron que esperar hasta el domingo para que el médico forense realizara la necropsia. Además, el funcionario que los atendió no tuvo ningún acto de cordialidad, según denunció una familiar de la víctima.

El viaje a Chiriguaná, donde finalmente se realizó la necropsia, les costó a los familiares de Walter alrededor de $600.000 pesos. Una suma importante para una familia que ya está atravesando por un momento difícil.

Falta de personal y precarias instalaciones

La morgue de Aguachica es un pequeño salón ubicado en el cementerio que cuenta con solo dos neveras para una población de casi 130.000 habitantes. Esto hace que sea común que se acumulen hasta cinco cuerpos en ese pequeño espacio.

Además, la morgue no cuenta con el personal suficiente para atender la demanda. Hace más de un mes que no hay turnos cada dos fines de semana porque uno de los médicos renunció y Medicina Legal aún no ha contratado a un reemplazo.

Solución a la vista

El Consejo de Estado ordenó a Medicina Legal construir una nueva sede en Aguachica. El abogado Frayd Segura dio a conocer la noticia y en el Concejo del Municipio se está discutiendo la compra de un lote de 556 metros para construirla.

Esta nueva sede permitiría mejorar las condiciones de trabajo de los médicos forenses y brindar un servicio más digno a las familias de los fallecidos.

Responsabilidad de las autoridades

El exconcejal del municipio señaló que la falta de una morgue adecuada en Aguachica es una muestra de la incapacidad de los gobernantes. Medicina Legal lleva más de 15 años pidiendo un terreno para construir y los alcaldes no han mostrado interés porque no son ellos los que van a hacer la construcción.

Las familias de los fallecidos son las que están pagando las consecuencias de esta negligencia. Tienen que viajar a otros municipios, gastar dinero y soportar un trato indigno por parte del personal de Medicina Legal.

Es urgente que las autoridades municipales y departamentales tomen cartas en el asunto y trabajen en conjunto para solucionar esta grave crisis.