El proyecto de ley que se tramita en el Senado colombiano busca establecer un marco normativo para la regulación de actividades de alto riesgo que desarrollan los integrantes del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria del país, con el objetivo de garantizar sus derechos a la seguridad y salud en el trabajo.
Beneficios para los guardias del Inpec
El eje central del proyecto es otorgar nuevas reglas para que aquellos guardias que cotizan en el sistema público de pensión puedan acceder a su pensión especial de vejez tras haber cumplido 20 años de servicio continuo o discontinuo. La edad no será tenida en cuenta y también se contabilizará un mínimo de 1.029 semanas de cotización.
El índice de la Base de Liquidación será del 75% de lo devengado durante el último año.
Fundamentos del proyecto
Riesgos y afectaciones a la salud
Los motivos que sustentan esta iniciativa legislativa se basan en la complejidad y los riesgos que implica ser un guardia penitenciario. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ha identificado, entre otros, los siguientes trastornos mentales:
- Estrés postraumático por exposición a accidentes de trabajo, asaltos, agresiones y violaciones.
- Trastornos de sueño por la vigilancia permanente.
- Síndrome de agotamiento profesional por la atención a personas privadas de la libertad.
Además, se han reportado afectaciones a la calidad de vida y el bienestar, como:
- Extensas jornadas laborales.
- Descanso no reparador.
- Interrupción de vacaciones por necesidades del servicio.
- Traslado constante e impredecible.
- Acceso limitado a actividades de recreación.
- Atención en condiciones de hacinamiento e insalubridad.
- Exposición a robos, motines, amenazas, peleas, lesiones personales, suicidios, consumo de sustancias psicoactivas, violaciones y muertes violentas.
Estadísticas de violencia
El Grupo de Estadística e Información Penitenciaria aporta datos que respaldan la naturaleza de alto riesgo de esta actividad: desde 2018, han sido asesinados 28 funcionarios del Inpec, 27 de ellos pertenecientes al cuerpo de custodia y vigilancia. También se han registrado 11 ataques sicariales no letales y 836 amenazas directas a funcionarios en los últimos tres años.
Apoyo y respaldo al proyecto
El proyecto de ley cuenta con el apoyo de 12 senadores de la Comisión Séptima del Senado y del sindicato de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP).