Presidente de Colombia, Corte Suprema y la Fiscalía en el Ojo del Bloqueo
Ante la situación de tensión vivida en Bogotá este 8 de febrero, la comunidad jurídica y política de Colombia enfrenta momentos de escrutinio público y choques institucionales. Un bloqueo preocupante a las puertas del Palacio de Justicia impidió la entrada y salida de funcionarios, magistrados y periodistas por un lapso mayor a dos horas, lo que suscitó reacciones de las más altas instancias del país, incluyendo la presidencia. El magistrado Gerson Chaverra Castro, al frente de la Corte Suprema de Justicia, condenó el asedio e hizo énfasis en la defensa del derecho a la protesta pacífica, destacando que actos que arriesguen la integridad física y la independencia judicial son inadmisibles en el contexto democrático colombiano.
La ausencia de un consenso para la elección del nuevo Fiscal General desencadenó manifestaciones impulsadas por sectores afines al presidente Gustavo Petro. Estas manifestaciones, sin embargo, han trascendido en un bloqueo que inhibe la operatividad normal de uno de los pilares de la democracia, la justicia. La Corte Suprema, en sus declaraciones, exigió al Gobierno Nacional brindar garantías necesarias para la libre ejecución de sus competencias sin presiones de ningún tipo.
El episodio pone en evidencia el delicado balance entre la libre expresión del pueblo y el respeto a las decisiones judiciales. Desde una panorámica más amplia, se destaca la urgencia de un diálogo entre los poderes del Estado y la sociedad civil para preservar la estabilidad institucional del país. Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación ha reportado incidentes de agresión en medio de las tensiones, mostrándose como reflejo del clima enrarecido que vive Colombia en este crítico intersticio político. Se prevé un análisis continuo de la situación con la mirada puesta en la próxima sesión plenaria de la Corte, el 22 de febrero, donde se abordará nuevamente la elección del Fiscal General.