Polémica por incremento de bonificación a soldados en Colombia
La representante a la Cámara por la Alianza Verde, Katherine Miranda, denunció un presunto incremento de la bonificación a los soldados del Ejército Nacional sin el aval del Congreso de la República.
"El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa, estaría incrementando la bonificación de los soldados profesionales sin la autorización del Congreso de la República, lo cual es una violación flagrante de la Constitución y la ley", afirmó Miranda.Respuesta del Gobierno
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, respondió a las acusaciones de Miranda a través de su cuenta de Twitter, afirmando que el incremento de la bonificación es legal y se realizó dentro del marco de las competencias del Ministerio.
"El incremento de la bonificación a los soldados profesionales es una medida legal y necesaria para mejorar las condiciones de vida de nuestros militares", escribió Velásquez.
El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre el tema, apoyando la decisión del Ministerio de Defensa.
"Es justo y necesario que nuestros soldados reciban una bonificación adecuada por su servicio a la patria", dijo Petro.
Proyecto de ley
Ante la polémica, Miranda radicó un proyecto de ley que busca regular el incremento de las bonificaciones a los miembros de la Fuerza Pública.
El proyecto establece que cualquier aumento de la bonificación debe ser aprobado por el Congreso de la República.
Reacciones
La denuncia de Miranda generó reacciones encontradas. Algunos sectores políticos apoyaron su postura, mientras que otros defendieron la decisión del Gobierno.
El senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, respaldó la denuncia de Miranda y pidió una investigación sobre el presunto incremento ilegal de la bonificación.
Por su parte, el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, criticó a Miranda por "hacer politiquería con un tema tan delicado como el bienestar de los soldados".
Conclusión
La polémica sobre el incremento de la bonificación a los soldados en Colombia continúa. El Gobierno defiende la legalidad de la medida, mientras que la oposición denuncia una violación de la Constitución. El Congreso de la República tendrá la última palabra sobre este asunto.
