En la madrugada del jueves 5 de septiembre de 2024, la Fiscalía General de la Nación llevó a cabo una serie de capturas relacionadas con el escándalo de corrupción que afecta a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los detenidos incluyen a Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector para el Conocimiento del Riesgo de la UNGRD, Pedro Andrés Rodríguez Melo, exasesor de la Dirección de la entidad, y Édgar Eduardo Riveros Rey, abogado implicado en el caso. Esta operación ha sido descrita como una de las más significativas en la lucha contra la corrupción en Colombia.
Luis Carlos Barreto y Pedro Rodríguez enfrentan cargos graves que incluyen concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento público y falsedad en documento privado. Estos cargos están relacionados con un esquema de corrupción que presuntamente desvió recursos públicos destinados a proyectos de mitigación y suministro de agua en varias regiones del país, entre ellas La Guajira.
Por su parte, Édgar Eduardo Riveros es imputado por el delito de soborno en la actuación penal. Según la Fiscalía, Riveros habría ofrecido una suma millonaria a Sneyder Pinilla, testigo clave del caso, para que no colaborara con la justicia. La propuesta de soborno incluía 3.000 millones de pesos para Pinilla y 10.000 millones de pesos para Olmedo López, otro implicado en el caso, a cambio de su silencio sobre contratos fraudulentos.
El escándalo de la UNGRD comenzó con un contrato controvertido para la adquisición de carrotanques destinados a La Guajira, que resultó en un sobrecosto significativo. Las investigaciones revelaron que se habían desviado más de 46.000 millones de pesos destinados a proyectos de emergencia. La denuncia de corrupción se amplió con la implicación de varios altos funcionarios y empresarios, incluyendo a Luis Eduardo López Rosero, quien también está siendo investigado.
Sneyder Pinilla, uno de los principales testigos del caso, alertó a las autoridades sobre los intentos de soborno, lo que permitió la captura de los implicados y la recolección de pruebas cruciales. Según Pinilla, las coimas ofrecidas estaban destinadas a asegurar que los contratos fraudulentos se ejecutaran sin problemas y que las sumas de dinero se movieran sin ser detectadas por las autoridades.
La captura de estos individuos ha generado una ola de reacciones tanto a nivel político como social. La Fiscalía ha anunciado que las audiencias de imputación de cargos se llevarán a cabo en las próximas horas, y los acusados enfrentan un proceso judicial que podría implicar penas severas si se confirma su culpabilidad.
La Fiscalía también ha indicado que continuará con las investigaciones para desentrañar completamente el entramado de corrupción y los vínculos de los implicados con otros funcionarios y empresarios. El caso sigue siendo una prioridad para las autoridades, que buscan recuperar los recursos desviados y asegurar que se haga justicia.
El escándalo de corrupción en la UNGRD pone de relieve las serias fallas en la gestión de recursos públicos destinados a la atención de emergencias en Colombia. Con las recientes capturas y las acusaciones de soborno, el caso podría sentar un precedente importante en la lucha contra la corrupción en el país. Las próximas semanas serán cruciales para determinar el alcance total de las irregularidades y las posibles repercusiones para los responsables.