Congresistas, ministros y altos funcionarios en vilo por la comparecencia de Olmedo López

Continúa la incertidumbre y zozobra entre varios congresistas, ministros y altos funcionarios del Gobierno colombiano debido a la comparecencia de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y su exsubdirector, Sneyder Pinilla, ante la Fiscalía.

Ambos exfuncionarios buscan obtener el beneficio de principio de oportunidad, el cual les garantizaría inmunidad total a cambio de revelar información detallada sobre una de las tramas de corrupción más grandes de los últimos años en Colombia.

Esquema de corrupción multimillonario

Según las declaraciones de López y Pinilla, poseen información sobre un esquema de corrupción que involucra contratos por un valor aproximado de 380.000 millones de pesos, presuntamente distribuidos entre congresistas, directores de departamentos y ministros.

Estos fondos, afirman, habrían sido utilizados tanto para promover la agenda de reformas del Gobierno en el Congreso como para financiar la campaña de las elecciones locales de octubre de 2023, las cuales no fueron favorables para el presidente Gustavo Petro.

Principales revelaciones de Olmedo López

Reacciones y denuncias

Tanto López como Pinilla han proporcionado evidencia, incluyendo chats y registros de reuniones, que señalan directamente a varios funcionarios. El congresista Wadith Manzur, mencionado en las acusaciones, ha respondido denunciando a López por calumnia agravada y negando las acusaciones.

El escándalo ha generado gran revuelo en el Gobierno, poniendo en duda la eficacia de la bandera anticorrupción del presidente Petro. A pesar de las declaraciones de López de que el presidente no tenía conocimiento de estos actos, la magnitud de la operación y su prolongada duración sugieren una falta de control y liderazgo.

Documentos indican que durante los momentos cruciales para la aprobación de la reforma a la salud en el Congreso, la UNGRD realizó giros significativos, sumando más de 85.000 millones de pesos, lo que apunta a una posible correlación entre la aprobación legislativa y la distribución de fondos.

La Fiscalía evaluará la relevancia y la capacidad de probar los hechos presentados por López y Pinilla para determinar si se les otorgará el principio de oportunidad. Este escándalo continúa desarrollándose, con cada revelación aumentando la presión sobre el Gobierno y poniendo en entredicho la legitimidad de sus compromisos anticorrupción.