El gobierno de Petro desmiente las acusaciones de espionaje ilegal
En medio de la polémica generada por un posible escándalo de interceptaciones ilegales en el gobierno del presidente Gustavo Petro, distintos funcionarios y el propio mandatario han salido a desmentir las acusaciones. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) negó rotundamente que alguno de sus miembros esté involucrado en este tipo de irregularidades y solicitó una investigación interna para determinar si hubo algún tipo de irregularidad.
Según el Dapre, tan pronto como se conocieron las primeras denuncias de posibles seguimientos y escuchas ilegales, se solicitó una investigación interna y se pidió a las autoridades competentes que asumieran las investigaciones para encontrar posibles irregularidades. En el comunicado, el Dapre también aclaró que las actividades de la Dirección de Tecnología y la Secretaría de Comunicaciones y Prensa no incluyen prácticas como la elaboración de perfiles, el seguimiento o la interceptación, y que han sido víctimas de este tipo de acciones en el pasado, por lo que se oponen firmemente a ellas.
El presidente Petro rechaza las acusaciones
El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre el escándalo y rechazó cualquier tipo de interceptación ilegal desde su administración. En un trino, el mandatario señaló que desde el primer día de su gobierno dio instrucciones para que los organismos de inteligencia se utilizaran en la lucha contra la criminalidad, no para la persecución política.
Petro agregó que el gobierno no tiene capacidad para realizar este tipo de tareas y que en una inspección a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) se encontró que ni siquiera cuentan con equipos para interceptar servicios de telefonía privada.
Las investigaciones continúan
Mientras tanto, las investigaciones sobre las supuestas interceptaciones ilegales continúan. La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación preliminar para determinar si hubo algún tipo de irregularidad y quiénes serían los responsables.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación también anunció que abrirá una investigación disciplinaria para determinar si hubo algún tipo de falta por parte de funcionarios públicos.
El escándalo de las supuestas interceptaciones ilegales ha generado preocupación entre diversos sectores de la sociedad colombiana, que temen que este tipo de prácticas puedan afectar la democracia y el Estado de derecho.