Asesinato del director del Inpec destapa presunta corrupción en La Modelo
El pasado jueves 16 de mayo, sicarios atacaron a tiros una camioneta Nissan Kicks color gris y asesinaron a uno de sus ocupantes, nada menos que Élmer Fernández, director de la cárcel La Modelo en Bogotá, quien ya había denunciado amenazas en su contra.
Corrupción y extorsión tras las rejas
En los últimos días, nuevos detalles han salido a la luz sobre el homicidio. Fernández, quien recién había asumido su cargo, había ordenado requisas a presos del patio 4A luego de que desconocidos dispararan contra el penal. Esta decisión desató la furia de los jefes del patio, quienes ejercieron presiones y hostigamientos sobre los directivos del centro carcelario.
Investigaciones revelaron que al menos un guardián recibía sobornos de los cabecillas allí recluidos para obtener información sobre las requisas y medidas de seguridad implementadas por Fernández.
Además, se descubrió que los presos tenían como objetivo continuar operando los llamados 'call centers' desde la cárcel, extorsionando a comerciantes y ciudadanos comunes a través de llamadas telefónicas.
Amenazas y un panfleto escalofriante
Uno de los cabecillas recluidos en el patio 4A, Pedro Nel Caro Triana, alias 'Pedro Pluma', habría dejado un panfleto amenazante a Fernández.
Fichas corruptas dentro del Inpec
Otra pista que siguen los investigadores es la posible participación de fichas corruptas dentro del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que podrían haber facilitado el asesinato de Fernández.
Las declaraciones del subdirector de La Modelo, quien renunció a su cargo, han sido clave en la investigación, según informaron medios locales.
Falta de protección y negligencia
El día del asesinato, Fernández y su escolta no contaban con protección adecuada y se movilizaban en vehículos convencionales hacia sus hogares. Incluso, el escolta decidió tomar el Transmilenio debido al intenso tráfico.
Este hecho ha generado cuestionamientos sobre las medidas de seguridad implementadas para proteger a los funcionarios penitenciarios que enfrentan amenazas.