Nueve decretos de conmoción interior y expropiación 'exprés'
El gobierno de Gustavo Petro firmó nueve decretos dentro del marco de la conmoción interior que declaró ante la situación de orden público en la región del Catatumbo. Entre estos decretos se destacan medidas de expropiación administrativa, intervención militar y apoyo a los sectores económicos afectados por el conflicto armado.
Expropiación Administrativa
Uno de los aspectos más polémicos de los decretos es la autorización de la expropiación administrativa para concluir procesos de adquisición de tierras en programas especiales de dotación de tierras. Esta medida ha generado preocupación entre sectores opositores, quienes advierten sobre posibles abusos y vulneraciones al derecho a la propiedad privada.
La representante a la Cámara, Katherine Miranda, expresó su inquietud señalando que esta medida se está intentando implementar a través de la conmoción interior, eliminando el debido proceso y la legítima defensa a la propiedad privada.
Sin embargo, el profesor Carlos Duarte, coordinador del Observatorio de Tierras, destaca que la expropiación está reglamentada y que el precio debe ser a partir de un avalúo comercial. Además, enfatiza que es necesario un posterior control judicial sobre la expropiación administrativa.
Intervención Militar
Los decretos también establecen una nueva estructura de mando militar en la región del Catatumbo. Según el decreto 0118 de 2025, solo habrá un comandante militar delegado por el presidente de la República para liderar a las fuerzas militares y también a la Policía en el territorio.
Esta medida ha generado dudas sobre la constitucionalidad de la misma, ya que las funciones específicas de la Policía están destinadas a operaciones urbanas y no al combate de grupos armados.
Apoyo a los Sectores Económicos
Además de las medidas de seguridad, los decretos también contemplan medidas de apoyo a los sectores económicos afectados por el conflicto armado. Por ejemplo, los decretos 106 y 107 del Ministerio de Agricultura establecen una serie de medidas para apoyar a los campesinos y productores agropecuarios en la región.
También se han implementado medidas de apoyo al sector turismo, como un descuento transitorio del impuesto sobre la renta para quienes den alojamiento gratuito a desplazados por el conflicto del Catatumbo.
La Asociación Colombiana de Minería (ACM) ha pedido al Gobierno Nacional replantear las decisiones y diseñar estrategias de seguridad y financiamiento público más estructurales, equitativas y sostenibles.
La Corte Constitucional está revisando cada uno de los decretos expedidos en el marco de la conmoción interior. En los próximos días, el Ministerio de Hacienda hará públicos sus decretos, con los que el Gobierno espera recaudar entre $700.000 y $1 billón para atender la crisis en el Catatumbo.
