Las fallas en el sistema de vigilancia electrónica para privados de la libertad encienden las alarmas
La Procuraduría General de la Nación ha emitido una grave advertencia sobre las deficiencias en el sistema de vigilancia electrónica para personas privadas de la libertad, comúnmente conocidos como brazaletes electrónicos. Según el Ministerio Público, el problema ha alcanzado un nivel crítico y se ha convertido en un obstáculo para la efectividad del control y la seguridad ciudadana.
Acciones insuficientes y falta de protocolo
La Procuraduría ha señalado a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) por no implementar acciones suficientes ni eficaces para la implementación, seguimiento y atención del Servicio de Vigilancia Electrónica (SVE). En particular, se ha criticado la falta de un protocolo o procedimiento para atender las novedades relacionadas con dispositivos apagados o no monitoreados.
Numerosos dispositivos fuera de servicio
El órgano disciplinario ha evidenciado que solo en julio pasado hubo 292 dispositivos intermitentes y 90 totalmente apagados. Sin embargo, se desconoce qué medidas se han tomado para resolver esta situación o los trámites realizados ante las autoridades judiciales para que adopten las decisiones correspondientes.
Falta de planificación presupuestal y riesgos para la seguridad
Además, la Procuraduría ha expresado su preocupación por la falta de planificación presupuestal por parte de la USPEC, lo que ha impedido la contratación de una interventora integral. Esto dificulta el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista responsable de la prestación del servicio de vigilancia electrónica.
La Procuraduría ha advertido que la falta de protocolo para atender contingencias y la ausencia de una interventoría al contrato de prestación del servicio incrementan la posibilidad de materialización de riesgos que pueden afectar la seguridad ciudadana y la administración de justicia.
Medidas urgentes exigidas
Ante esta situación, la Procuraduría ha requerido a la USPEC e INPEC que tomen medidas prontas y efectivas para garantizar el uso adecuado de los dispositivos, priorizando el cumplimiento de la norma.