La Fiscalía General de la Nación imputará cargos a seis exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín, liderada por Daniel Quintero Calle, por su presunta participación en casos de corrupción durante su gestión.

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Exfuncionarios imputados

Los exfuncionarios que serán imputados son:

  • Diana Toro, exdirectora del Instituto de Deportes y Recreación (Inder)
  • Alexandra Agudelo, exsecretaria de Educación
  • Lina María Bustamante, exsecretaria Jurídica
  • María Camila Villamizar, exsecretaria de Cultura
  • Javier Pachón, exsecretario de Hacienda
  • Sergio Zuluaga, exsecretario de Infraestructura
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Los cargos que se les imputarán a los exfuncionarios están relacionados con los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, prevaricato por acción y concusión.

Caso zonas verdes

Uno de los casos más sonados en los que están implicados los exfuncionarios es el relacionado con la contratación para el mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad. Según la Fiscalía, en este caso se habrían presentado irregularidades en la adjudicación del contrato, que finalmente fue asignado a la Unión Temporal Zonas Verdes Medellín, conformada por las empresas SUMAESU S.A.S. y AMBIENTE S.A.

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La Fiscalía sostiene que los exfuncionarios habrían recibido dádivas para favorecer a la Unión Temporal Zonas Verdes Medellín en la adjudicación del contrato. También se les acusa de haber omitido los requisitos legales para la contratación y de haber celebrado un contrato con sobrecostos.

Otros casos

Además del caso zonas verdes, los exfuncionarios también están siendo investigados por su presunta participación en otros casos de corrupción, como la contratación de la consultoría para la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín, la contratación de la interventoría para la construcción del Metro de la 80 y la contratación de la remodelación del Teatro Pablo Tobón Uribe.

La Fiscalía continúa adelantando las investigaciones para determinar el grado de responsabilidad de los exfuncionarios en estos casos de corrupción.