Aprueban decreto que reconoce mayor autonomía a autoridades indígenas del Cauca
Este viernes se publicó el decreto con el que el gobierno de Gustavo Petro reconoce una mayor autonomía a las autoridades indígenas del Cauca, conocido como el decreto ATEA (Autoridad Territorial, Económica y Ambiental). La norma se fundamenta en la autonomía y el derecho propio que le reconoce la Constitución a los pueblos indígena.
Reconocimiento de la autonomía indígena
El decreto reconoce el mandato de la autoridad territorial, económica y ambiental construida por las autoridades indígenas del CRIC. Se establece que es "un instrumento de derecho propio de las autoridades tradicionales", por lo que se ordena a las autoridades armonizar sus competencias y establecer mecanismos de coordinación a esta política.
El texto consagra 13 principios que servirán como fundamento y que se originan del mandato establecido por el CRIC y que está en la línea con la Constitución de 1991. En ese sentido, se establece el territorio como "el espacio originario, físico y espiritual en sus tres dimensiones, donde habitan los seres en familia, ejerciendo sus derechos prexistentes e inherentes". En estas zonas, según el decreto, es donde se aplica la ley natural, la ley de origen, el derecho mayor y el derecho propia.
Inquietudes y preocupaciones
La aplicación del decreto ha generado inquietudes y preocupaciones entre las comunidades campesinas y afrocolombianas del Cauca que colindan con estas zonas. Varios han alertado que por darle ese reconocimiento a las autoridades indígenas caucanas se está también desconociendo su presencia en el territorio.
Competencias y financiación
En cuanto a las competencias, se deja claro que son los pueblos y comunidades indígenas las que establecen sus formas de gobierno propias, aunque se deja constancia en un parágrafo que ante terceros, la coordinación se hará con "las autoridades públicas" para que cada una ejerza las competencias correspondientes. En ese sentido, se establece que habrá un plazo de nueve meses para establecer un protocolo de coordinación entre las autoridades nacionales y las de las autoridades indígenas.
Asimismo, se consagra que se da un plazo de nueve meses para que el Gobierno y los ministerios involucrados expidan las reglamentaciones correspondientes para fortalecer el sistema económico de dichas comunidades y sus modelos de desarrollo industrial, agroindustrial, de servicios y comercial. Asimismo, se ordena crear el centro de innovación y productividad y centro financiero con identidad.
Reacciones y movilizaciones
Autoridades y representación del CRIC han estado en Bogotá desde el pasado 20 de agosto en una búsqueda de respuestas por parte del gobierno nacional a los problemas de su territorio. De igual manera, han buscado presionar la firma del decreto ATEA. Tanto así que ya anunciaron que regresarán a sus territorios apenas conozcan oficialmente el decreto.
No obstante, comunidades afrocolombianas y campesinas del Cauca han expresado su temor ante el gobierno con el decreto. Incluso, han llegado a plantear movilizaciones con la entrada en vigencia de la norma. En una carta liderada por la ANUC, organizaciones campesinas le hicieron saber al primer mandatario "nuestras profundas preocupaciones respecto al decreto ATEA".
Estos señalaron que dicha norma "tiene el potencial de generar tensiones y conflictos territoriales entre comunidades indígenas y campesinas". Los firmantes señalan que, si bien respetan los derechos históricos de las comunidades indígenas, "las comunidades campesinas también tienen derecho legítimos sobre sus tierras y territorios donde habitan". De acuerdo con los movimientos campesinos, la aplicación del decreto puede ir en contra de sus derechos sobre la tierra.