Iris Marín Ortiz, nueva defensora del Pueblo en Colombia, es pionera en el cargo
La Cámara de Representantes ha elegido a Iris Marín Ortiz como la primera mujer en ocupar el cargo de defensora del Pueblo en Colombia, lo que marca un hito histórico en la defensa de los derechos humanos en el país.
Amplia trayectoria en derechos humanos
Marín Ortiz, abogada y reconocida defensora de los derechos humanos, cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de la justicia y la protección de los más vulnerables. Ha desempeñado cargos de gran responsabilidad, como asesora en las negociaciones de paz con las FARC durante el gobierno de Juan Manuel Santos y magistrada auxiliar de la Corte Constitucional. Además, ha formado parte de organismos como la JEP, la Unidad para las Víctimas y ONU Mujeres.
Diez objetivos para su gestión
En su presentación ante la plenaria de la Cámara de Representantes, Marín Ortiz esbozó diez objetivos principales para su gestión, entre los que destacan la prevención de la violencia en el marco del conflicto armado y la lucha contra la discriminación hacia las mujeres, dando continuidad a su trabajo en pro de los derechos humanos.
Autonomía y fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo
Marín Ortiz ha manifestado su firme compromiso con la autonomía de la Defensoría del Pueblo y su intención de fortalecer las facultades de la institución para que pueda defender eficazmente a quienes carecen de autoridad pública. Pretende dotarla de las herramientas necesarias para desempeñar su labor con independencia y eficacia.
Capacidad de diálogo y respaldo político
Su capacidad para dialogar con diversos sectores políticos, basada en su experiencia en diferentes administraciones e instituciones, ha sido uno de los aspectos destacados en su elección. Su designación contó con el respaldo de una amplia coalición de partidos políticos, lo que demuestra su capacidad de consenso y colaboración en favor del bienestar del pueblo colombiano.
Iris Marín Ortiz asumirá su mandato el 1 de septiembre de 2024, con un periodo que se extenderá hasta el 31 de agosto de 2028. Su elección supone un paso adelante en la defensa de los derechos humanos y la protección de los más necesitados en Colombia.