Preocupación de la JEP por recursos para restaurar a víctimas

Desde la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) expresan preocupación por la falta de recursos para garantizar las sanciones propias a través de proyectos restaurativos. A pesar de haber enviado cartas al presidente Gustavo Petro el 2 de mayo y el 20 de septiembre, no han recibido respuesta.

Cartas de solicitud

En la carta del 2 de mayo, el magistrado Roberto Carlos Vidal solicita al presidente Petro cambiar la titularidad de una subcuenta del Fondo Colombia en Paz, administrada por la JEP, para garantizar los proyectos restaurativos. Esta subcuenta contaba con más de 470.000 millones de pesos.

La carta del 20 de septiembre, titulada «Preocupación por la falta de direccionamiento de los recursos previamente asignados...», expone la arquitectura jurídica y financiera del Acuerdo de Paz de 2016 y señala que al Gobierno Nacional le corresponde disponer de los recursos necesarios para el cumplimiento y financiación.

Falta de respuesta y consecuencias

Hasta el momento, ni la carta del 2 de mayo ni la del 20 de septiembre han sido respondidas por la Casa de Nariño. Esta falta de respuesta ha generado incertidumbre y preocupación en la JEP.

La falta de recursos podría afectar el cumplimiento de las sanciones propias y las medidas de contribución a la reparación por parte de los comparecientes ante la JEP. Esto podría obstaculizar el proceso de reparación integral de las víctimas y el cumplimiento del Acuerdo de Paz.

«La JEP cuenta con los recursos necesarios para el cumplimiento de su misionalidad, sobre todo en lo concerniente a la reparación integral de las víctimas». - Magistrado Roberto Carlos Vidal

Responsabilidades del Gobierno

Según el Acuerdo de Paz, el Gobierno Nacional es responsable de garantizar los recursos necesarios para el cumplimiento y financiación de la JEP. La falta de respuesta a las cartas de la JEP podría indicar un incumplimiento de esta responsabilidad.

La JEP insta al Gobierno a brindar una pronta respuesta y a garantizar los recursos necesarios para el cumplimiento de su misión. Este cumplimiento es esencial para garantizar la reparación integral de las víctimas y el avance del proceso de paz en Colombia.