La Agencia de Defensa Jurídica del Estado le pidió a la Corte Constitucional que revoque una tutela del Consejo de Estado que falló a favor de los exfuncionarios del Gobierno Santos, Rafael Pardo y Eduardo Díaz. La tutela ordenaba al presidente Gustavo Petro retractarse de sus declaraciones en las que calificó de "antro de corrupción" la política de sustitución de cultivos impulsada en ese gobierno.
¿Qué pasó?
Rafael Pardo y Eduardo Díaz, exalto consejero para el posconflicto y exdirector del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), respectivamente, habían radicado una tutela a finales del año pasado solicitando una retractación pública del presidente Gustavo Petro.
El mandatario había afirmado en un evento público que "la política de sustitución de cultivos generada en el gobierno Santos es un antro de corrupción".
En respuesta a la tutela, el Consejo de Estado le ordenó a la Presidencia de la República que respondiera en 48 horas a una petición que ambos le elevaron al jefe de Estado a través de la red social Twitter.
¿Qué argumenta el Gobierno?
La Agencia Jurídica del Estado solicitó al alto tribunal que revoque la tutela porque, según su criterio, "extiende el alcance del derecho de petición a supuestos fácticos no previstos por la jurisprudencia constitucional, con lo cual se causa agravio a la función administrativa del Jefe del Ejecutivo, pues se la confunde con los espacios de libre expresión del Presidente de la República".
El Gobierno afirma que, de aceptarse la tesis de los jueces de instancia, el presidente de la República se vería obligado a suspender el uso de las redes sociales para "cercar por la amenaza de que cualquier réplica ciudadana, cualquier reparo, comentario, exigencia, observación o requerimiento tendría que ser tramitado como un derecho de petición".
¿Qué sigue?
El debate deberá ser analizado por una sala de selección de la Corte Constitucional.
