Paz urbana: un proyecto ambicioso con resultados desiguales

El gobierno colombiano, encabezado por el presidente Gustavo Petro, se ha embarcado en un ambicioso proyecto de "paz urbana", con el objetivo de reducir la violencia y mejorar las condiciones de vida en zonas urbanas afectadas por el conflicto armado. Tres ciudades, Buenaventura, Medellín y Quibdó, han sido el escenario de este experimento, que ha arrojado resultados desiguales.

Buenaventura: avances y desafíos

En Buenaventura, el proceso de paz urbana se inició en julio de 2023 con la instalación de un espacio de conversación sociojurídica entre el gobierno y las bandas armadas ilegales 'Shottas' y 'Espartanos'. Como resultado, se pactó una tregua que ha reducido los homicidios en un 32%. Sin embargo, persisten otros delitos como la extorsión y los hurtos. Además, los delegados del gobierno se han quejado de la falta de recursos y personal para llevar a cabo su trabajo.

Medellín: dificultades para avanzar

En Medellín, el proceso de paz urbana enfrenta dificultades debido a la oposición de las autoridades locales, en particular del alcalde Federico Gutiérrez. La tregua pactada en junio de 2023 llegó en un momento en que la disputa entre grupos criminales no era el principal factor de violencia, por lo que no ha tenido un impacto significativo en los homicidios. La negociación también se ha visto obstaculizada por la falta de una agenda acordada con la oficina del comisionado de paz, Otty Patiño.

Quibdó: avances limitados

En Quibdó, el proceso de paz urbana se ha centrado en acciones de paz con las comunidades y en reuniones en las cárceles de la ciudad. Se han registrado avances en la reducción de los homicidios, pero persisten los enfrentamientos armados entre las bandas delincuenciales. La tregua, que se supone está vigente desde diciembre de 2022, no ha sido comunicada oficialmente por ninguna de las partes.

Los escollos de la paz urbana

El proyecto de paz urbana se enfrenta a varios escollos, entre los que destacan la ausencia de una oferta jurídica para los miembros de las agrupaciones armadas y la falta de apoyo de las autoridades locales. Además, en el caso de Medellín y el Valle de Aburrá, las posibilidades de trabajo con las autoridades locales son escasas.

Conclusiones

El proyecto de paz urbana del gobierno colombiano ha tenido resultados desiguales. Si bien en Buenaventura se han logrado avances en la reducción de homicidios, persisten otros delitos y existen dificultades para avanzar en la negociación. En Medellín, la oposición de las autoridades locales ha obstaculizado el proceso, mientras que en Quibdó los avances han sido limitados. Para que la paz urbana tenga éxito, es necesario abordar los escollos mencionados, fortalecer el apoyo de las autoridades locales y ofrecer una oferta jurídica que permita la reintegración de los miembros de las agrupaciones armadas.