Servidores públicos estarían involucrados en masacre de campesinos en Sucre
La masacre de tres campesinos en Sucre, entre ellos dos menores de edad que eran compañeros sentimentales, dio un giro inesperado tras la denuncia del abogado y defensor de derechos humanos, Aníbal Garay, sobre la presunta participación de un servidor público en el caso.
Presunta participación de funcionario público
"Existen audios y testimonios contundentes que señalan al presunto autor material de estos hechos, de manera preocupante, como un funcionario público. Esto exige una intervención inmediata de las autoridades competentes y un análisis riguroso de las pruebas para garantizar que este caso no quede en la impunidad", afirmó Garay.
El abogado asumió la representación de las víctimas en la masacre registrada en la zona rural de los municipios de Corozal y San Juan de Betulia (Sucre).
Hechos de la masacre
La masacre ocurrió el 9 de diciembre de 2024. Las víctimas fueron Keisi Isabel Pernet Estrada, de 16 años, quien era novia de Kemil Segundo Royero Pardo, de 17 años, y Enrique Segundo Royero Quintero, padre de Kemil.
Los asesinatos fueron cometidos en el camino que conduce desde el corregimiento de Chapinero, zona rural de Corozal, al corregimiento de Loma Alta y Las Peñas, en el área rural de Betulia.
Los sicarios interceptaron a las víctimas y les dispararon en repetidas ocasiones en la cabeza. En el lugar quedó la motocicleta donde se transportaban y todas sus pertenencias.
Según Garay, el sicario tenía como único objetivo acabar con la vida de los jóvenes y el adulto que los acompañaba.
Mensaje a la Fiscalía
El abogado envió un mensaje a la Fiscalía General de la Nación, solicitando que se recojan todas las pruebas necesarias de manera adecuada y respetando la legalidad, que se protejan los derechos de las víctimas y sus familias y se garantice la imparcialidad en la investigación, sin privilegios ni influencias externas.
"Tengan la certeza de que estaré vigilante para asegurar que este proceso sea un ejemplo de justicia y transparencia. Las víctimas merecen verdad y reparación, y nuestra sociedad no puede permitirse que este caso caiga en la impunidad", manifestó Garay.
