Medidas para proteger a niños, niñas y adolescentes en Bogotá

Tras la preocupante muerte de una bebé embera de tres meses en el Parque Nacional, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, se reunieron este miércoles para acordar medidas de protección para los niños, niñas y adolescentes de la capital.

Fortalecimiento de la atención

Una de las medidas clave es la implementación de un protocolo para cruzar las bases de datos del Distrito y del ICBF. Esta iniciativa permitirá mejorar la atención a las madres gestantes y a la primera infancia, brindándoles un seguimiento más integral y oportuno.

Atención a migrantes y población embera

Además, el Distrito y el ICBF trabajarán conjuntamente para atender los casos de migrantes, personas desaparecidas e indígenas embera en el Parque Nacional. Esto implica fortalecer los servicios de asistencia social y jurídica, así como garantizar el acceso a la salud y la educación.

Protección prioritaria en zonas vulnerables

El alcalde Galán también anunció la creación de un equipo permanente para atender de manera prioritaria a los niños que viven en asentamientos informales dentro del Parque Nacional. Este equipo realizará brigadas médicas y sociales en puntos críticos de la ciudad, como la Calle 85 y el Parque de la 93, para garantizar la protección de sus derechos.

Conmemoración y llamado a la acción

La reunión entre Galán y Cáceres se produjo en el contexto de la conmemoración de la muerte de dos menores en el Parque Nacional durante 2023 y 2024, y de la lamentable pérdida de otros dos niños en la UPI de La Rioja el año pasado. Estos trágicos sucesos han generado preocupación y un llamado urgente a fortalecer las medidas de protección para los menores más vulnerables de la ciudad.

El alcalde Galán hizo hincapié en la necesidad de que el Gobierno Nacional lidere los procesos de atención a las comunidades indígenas y su retorno seguro y digno a sus territorios. De igual manera, instó a la ciudadanía a denunciar cualquier situación de vulnerabilidad o riesgo que afecte a los niños, niñas y adolescentes, y a trabajar conjuntamente para garantizar su bienestar y desarrollo pleno.