Continúa la polémica por Ñata, la caimán que creció como "mascota" en una casa en Palmira, Valle del Cauca, durante 54 años, según su dueño, Jesús Leonardo Escobar. El animal fue rescatado por las autoridades en medio de la COP16.

El rescate de Ñata

Las autoridades, conformadas por la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), llegaron a la vivienda de Escobar el 21 de octubre de 2024 y se llevaron al caimán en una operación de gran envergadura. El animal fue amarrado a una tabla, se le sujetó la mandíbula e incluso se le cubrieron los ojos para transportarlo en un camión.

La versión de Escobar

Escobar niega que el reptil haya sido sacado de su casa justo cuando comenzaba la COP16 en Cali, a unos 50 kilómetros de su hogar. Asegura que la CVC realizó un censo en 2008, pero no volvió a visitar la propiedad para verificar el estado del animal. El hombre afirma que ha cuidado de "Ñata" desde que era un bebé y que nunca pensó en deshacerse de ella.

La versión de la CVC

La CVC, por su parte, duda de la versión de Escobar y ha iniciado estudios para verificar la edad del animal. Los expertos creen que, si tuviera 54 años, mediría unos siete metros y pesaría más de 100 kilos, lo que no corresponde con el tamaño actual de "Ñata".

El estado de salud de Ñata

Según los especialistas, el caimán tiene la mitad del peso que debería tener para su edad y especie, presenta una masa en la mandíbula, dificultad para mover una de sus patas, deshidratación, desnutrición, anemia e insuficiencia renal. Los expertos enfatizan que su dieta debe basarse en el consumo de pescado, ya que una dieta de carne de res no satisface sus necesidades nutricionales.

El futuro de Ñata

La CVC mantendrá a "Ñata" en recuperación y planea enviarla a los Llanos Orientales para que continúe su vida en un centro especializado, ya que no puede ser liberada en su hábitat natural debido a que nunca ha estado con otros caimanes ni ha interactuado con otras especies.

El proceso legal

Escobar deberá enfrentar procesos con la Fiscalía General de la Nación y la CVC, que podrían derivar en sanciones económicas y penales. Según el Código Penal colombiano, quien trafique, adquiera, exporte o comercie con fauna silvestre sin autorización de las autoridades puede ser condenado a una pena de entre cinco y once años y medio de prisión y a una multa de hasta 40.000 salarios mínimos legales.