El Distrito se quita un peso de encima: el fallo del Consejo de Estado reduce la millonaria indemnización a Doña Juana
El operador del relleno sanitario Doña Juana, el consorcio CGR, sufrió un nuevo revés en el caso del laudo arbitral que obligaba a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) a pagarle una millonaria indemnización. Un reciente fallo del Consejo de Estado reduce de manera significativa el pago que debe hacer el Distrito por efecto del laudo arbitral.
Un laudo anulado en parte
La sentencia del alto tribunal contencioso administrativo, que está en proceso de firma de los magistrados y notificación de las partes, declaró nulos nueve puntos, entre el sexto y el decimocuarto, del laudo de hace cerca de año y medio. Los ítems anulados obligaban a la entidad distrital a pagar cerca de 53.000 millones de pesos porque, según los árbitros, las tarifas por el manejo y la disposición de los residuos sólidos y por el tratamiento de lixiviados eran insuficientes.
En otras palabras, con el fallo de nulidad se caen dos millonarios pagos (por 22.889 millones y 30.000 millones de pesos) por dichos conceptos que debía hacer la Uaesp. Así las cosas, el Distrito solo tiene que cancelar al Centro de Gerenciamiento de Residuos alrededor de 12.000 millones de pesos, una cifra mucho menor a las billonarias pretensiones que tenía originalmente el consorcio contratista.
¿Qué dice el fallo?
Además de anular los pagos millonarios, el fallo del Consejo de Estado aclara varios aspectos importantes del litigio. De acuerdo con una fuente que conoce el proceso de nulidad, contrario al laudo arbitral, el fallo del Consejo de Estado no solo reconoce que “las tarifas para los tratamientos de residuos sólidos y de lixiviados eran suficientes, sino también que la Uaesp no violó la ley y sí vigiló el contrato”.
Igualmente, según la misma fuente, establece que el porcentaje de las tarifas que se pagaban al operador por el tratamiento de lixiviados es suficiente y, entonces, le correspondería al contratista construir la planta. De hecho, recientemente, el mismo operador le dijo a EL TIEMPO que ya tenía la planta terminada y que estaban pendientes de unos trámites del Distrito.
El futuro del litigio
Aunque contra el fallo de nulidad no procede recurso, todo indica que los litigios entre el operador del relleno Doña Juana y la Uaesp no pararán ahí. Por un lado, según conoció EL TIEMPO, el consorcio CGR ha contemplado acudir a otras instancias judiciales o, incluso, a una acción de tutela, en el caso de que el recurso de nulidad del laudo arbitral no le sea favorable.
Además, el contratista ha insistido en la posición de que si bien viene optimizando la planta de tratamiento de lixiviados, es el Distrito quien debe financiar su construcción. Y, por otro lado, la Uaesp, a través del penalista Juan José Gómez Urueña, tiene una denuncia ante la Fiscalía contra el operador de Doña Juana por la no construcción de la planta, a pesar de que recibe un porcentaje de la tarifa por el tratamiento de los lixiviados.