El gobierno colombiano reaviva conversaciones de paz con grupos criminales en medio de incertidumbres jurídicas
Gustavo Petro relanzó dos frentes problemáticos de su estrategia de 'paz total': las 'conversaciones sociojurídicas' con el 'clan del Golfo' y con 'los Pachenca', las cuales se instalarán en medio de una sucesión de crisis en las mesas con el Eln y las disidencias, con serias dudas jurídicas sobre las condiciones del sometimiento de grupos criminales totalmente dedicados al narcotráfico y con el tiempo corriendo en contra.
Incertidumbre en las conversaciones con el 'clan del Golfo' y 'los Pachenca'
La negociación con el 'clan', banda criminal que se presenta como 'Autodefensas Gaitanistas de Colombia' para tratar de aparentar una intencionalidad política y que tiene por cabeza a Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, fue anunciada sorpresivamente el lunes a través de la resolución 257. Con este grupo, los acercamientos arrancaron bajo la gestión de Danilo Rueda como comisionado para la Paz.
En diciembre de 2022, el Gobierno decretó un cese del fuego bilateral con esta organización por seis meses, acuerdo que se rompió en marzo de 2023, cuando el propio presidente Petro los acusó de jugarle sucio a la 'paz total'.
Ante esto, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, reconoció que la Fuerza Pública ha venido perdiendo control en varias zonas del país en medio de esos acercamientos.
El 'clan del Golfo' es el grupo ilegal con mayor presencia territorial en el país –está en 16 departamentos y 238 municipios según cifras de inteligencia militar– y no solo se dedica al narcotráfico, sino que ha encontrado en otras economías criminales, como la minería ilegal, la extorsión y el contrabando y tráfico de migrantes, la forma de expandirse y de convertirse en un ‘holding criminal’.
En la resolución firmada por el presidente Petro se establece que el objetivo del proceso es “fijar los términos de sometimiento a la justicia en los términos permitidos en la ley”, hecho que resulta llamativo si se tiene en cuenta que ese grupo y sus voceros han manifestado en múltiples ocasiones que no están dispuestos a considerar ese camino.
El escenario es casi idéntico con ‘los Pachenca’, que se hacen llamar ‘Autodefensas Conquistadoras de la Sierra’, con los que hay conversaciones gracias a la resolución 300 de esta semana.
La Corte Constitucional, a través de la sentencia C-525 de 2023, declaró inexequible que fuera “el juicio del Gobierno” el que definiera los términos del sometimiento a la justicia de este tipo de estructuras y advirtió que esa era una tarea del Congreso; sin embargo, 10 meses después de esa decisión, el Ejecutivo sigue sin radicar un proyecto de ley en ese sentido.
Avances y dificultades en las mesas de negociación con el Eln y las disidencias
El primer proceso pende de un hilo después del final del cese del fuego y de completar casi cuatro meses de congelamiento de la mesa. Los intentos de la delegación de Vera Grabe por destrabar los diálogos y por tratar de extender la tregua se han visto condicionados por el Eln.
Esa guerrilla le dio plazo al Gobierno hasta el 23 de agosto para que publique un decreto presidencial en el que se los retire del listado de grupos armados organizados, aunque ya existe una resolución, la 194 de 2023, que los cataloga como organización armada rebelde y que les da estatus político.
Con las disidencias de ‘Calarcá’, el panorama tampoco es alentador. Hoy no existe una agenda clara, y si bien se han logrado acuerdos parciales en lo territorial, la delegación liderada por Camilo González Posso se ha tenido que dedicar a apagar incendios.
Balance de la 'paz total' de Petro
Según el balance que hizo la Fundación Ideas para la Paz sobre los dos primeros años de la política de paz de esta administración, las disidencias aumentaron un 30 por ciento y su presencia territorial pasó de 230 a 299 municipios.
Un caso similar se evidenció con el Eln, que pasó de 189 municipios a 231 con respecto al año 2022.
El balance en términos de protección de la población civil en medio de las treguas es agridulce.
- El número de casos de desplazamiento individual y masivo durante el segundo año del gobierno Petro en comparación con el último año del gobierno Duque se redujo en 27 y 8 %, respectivamente.
- También hubo una disminución en las masacres (-16 %), los homicidios en contra de líderes sociales (-8 %) y en los accidentes con minas antipersonales (-45 %).
- Sin embargo, crecieron los casos de confinamiento (44 %), la extorsión (42 %) y los secuestros (87 %), según cifras del Ministerio de Defensa.
Desde el plano militar también hay críticas. El presidente de la Asociación de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore) y excomandante de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), general (r) Guillermo León León, considera que el gobierno Petro dio inicio a la política de ‘paz total’ mostrando “debilidad”.
Varios sectores políticos consideran que las intenciones del Presidente no se han traducido en una hoja de ruta clara, señalando que la ‘paz total’ ha contribuido al deterioro del orden público en algunas regiones.
Futuro de la 'paz total'
El margen de maniobra es menor si se analiza el lento avance de las mesas con el Eln y con lo que ahora el Gobierno denomina ‘Estado Mayor de los bloques Jorge Suárez Briceño, Magdalena Medio y el frente Raúl Reyes de las Farc’. La pregunta es si la 'paz total' tendrá éxito o seguirá siendo un espejismo para Colombia.
Etiquetas:
- Paz en Colombia
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- Conversaciones de paz
Sección:
Política
Palabras clave en inglés:
- Peace in Colombia
- Gulf Clan
- Peace talks
Nombres:
- Gustavo Petro
- Jobanis de Jesús Ávila Villadiego
- Vera Grabe
- Iván Velásquez
- Guillermo León León
País:
Colombia
Autor:
Camilo Castillo
