El presidente Gustavo Petro enfrenta un nuevo cuestionamiento por su declaración sobre los "cachacos" durante su visita a La Guajira. Mientras se refería al escándalo de los carrotanques, Petro mencionó que "los cachacos que mandamos aquí" habían intentado robarse el dinero destinado a la adquisición de los vehículos.
Crítica a la actitud divisiva de Petro
La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, criticó el discurso del presidente Petro, calificándolo de "lamentable". Barrios señaló que el mandatario no solo es el presidente de los "cachacos", sino de todos los colombianos, y que el tema del escándalo no se trata de un asunto regional sino de las responsabilidades de las instituciones del Estado.
La exsenadora Claudia López también se unió a las críticas, señalando que el discurso de Petro es "divisivo" y "peligroso". López afirmó que el presidente está buscando dividir al país en "nosotros" y "ellos", lo que puede generar más conflictos y polarización.
¿Incumplimiento del juramento presidencial?
El presidente Petro no solo está siendo cuestionado por sus declaraciones sobre los "cachacos", sino también por su presunto incumplimiento del juramento presidencial. El artículo 188 de la Constitución colombiana establece que el presidente debe "simbolizar la unidad nacional" y garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos.
Algunos críticos argumentan que las declaraciones y acciones de Petro han mostrado indiferencia hacia esta obligación constitucional. Por ejemplo, han citado su uso de términos despectivos hacia la oposición y sus políticas que han sido consideradas discriminatorias contra ciertos grupos de población.
Ante estas críticas, el presidente Petro ha defendido sus acciones, argumentando que está cumpliendo su promesa de cambio y que sus políticas están diseñadas para beneficiar a todos los colombianos, no solo a un grupo específico.
El escándalo de los carrotanques
El escándalo de los carrotanques se refiere a la presunta malversación de fondos públicos destinados a la adquisición de vehículos para el transporte de agua en La Guajira. Dos exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), Olmedo López y Sneider Pinilla, han sido acusados de desviar 4.000 millones de pesos hacia el Congreso para impulsar la aprobación de las reformas propuestas por Petro.
El escándalo ha generado una investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación y ha llevado a la renuncia de varios altos cargos del Gobierno. El presidente Petro se ha referido al caso, pero ha evitado pronunciarse sobre la presunta participación de sus funcionarios.
