Gran parte de las propuestas de Petro son reiterativas

Gran parte de las propuestas planteadas por el presidente Petro durante su discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU no son nuevas y ya habían sido mencionadas por él en otros escenarios, de ahí que haya despertado críticas desde diversos sectores.

Reformas y cambios presupuestarios

En primer lugar, Petro planteó la modificación de las normas de las vigencias futuras y el plan fiscal de mediano plazo para poder incluir la financiación de infraestructuras e inversiones públicas en los territorios priorizados por el Acuerdo de Paz. El presidente sostuvo que esto es necesario para apalancar la “inclusión territorial al desarrollo”, uno de los tres puntos que en su criterio son el eje del acuerdo, junto con la reforma rural y la verdad judicial.

Sobre esta propuesta, el exministro de Hacienda de Juan Manuel Santos, Mauricio Cárdenas, dijo que podría ser contraproducente. “Las vigencias futuras son irrevocables y le dan seguridad a los concesionarios que adelantan proyectos de infraestructura y a quienes los financian. Modificar las vigencias futuras generará mucha incertidumbre y parálisis en la inversión”, señaló.

En segundo lugar, el primer mandatario habló de cambiar la distribución del Sistema General de Participaciones -recursos que la Nación transfiere a las entidades territoriales- que permita que estos vayan directamente a las zonas PDET, es decir, a las 16 subregiones y 170 municipios más afectadas por el conflicto.

Sobre esta propuesta y la anterior, Laura Bonilla, subdirectora Pares, opinó que son modificaciones necesarias para poder adelantar proyectos de infraestructura en las regiones priorizadas por el acuerdo. “Las vigencias futuras y el plan fiscal son dos de los cuellos de botella la paz y eso explica por qué no se ha podido hacer inversión territorial y se terminan haciendo proyectos de capacitaciones cuando en realidad se necesitan obras de infraestructura”, dijo.

Reformas contra el narcotráfico

Dos de las propuestas están directamente relacionadas con el punto 4 del acuerdo de paz, es decir, la solución al problema de las drogas ilícitas. El jefe de Estado habla de excarcelar al campesinado productor de hoja de coca, un tema que, como él manifestó, es uno de los temas que están consignados dentro del acuerdo.

Aunque el jefe de Estado señaló que son 35.000 campesinos los cultivadores encarcelados, el congresista afirmó en diálogo con EL TIEMPO que uno de los retos es justamente determinar una cifra real de cuántas personas están en prisión por este asunto.

En su siguiente propuesta, el presidente Petro plantea nuevas inversiones forzosas de cara a la sustitución productiva de economías ilícitas. El jefe de Estado dijo que con esto buscarán apalancar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), uno de los compromisos con mayores rezagos.

Hay que recordar que el tema de las inversiones forzosas es una de las medidas que está incluida en el paquete de reactivación económica que será presentado por el Gobierno ante el Congreso y de la que el presidente Petro viene hablando desde hace meses. También es una de las que despierta críticas en sectores económicos.

Reforma Agraria

El jefe de Estado propuso, en quinto lugar, una “reforma agraria que contenga la modificación de las normas actuales para la compra administrativa rápida de tierras”, un tema que se ha asociado al polémico artículo de ‘expropiación exprés’ que se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo, pero que finalmente no fue aprobado.

Para Petro, de no avanzar en este punto, el país tardaría 50 años en completar la reforma. “Considero indecoroso mentirle al país sobre la propuesta expropiación exprés que me negué a meter en el PND, pero que una vez salí, trataron de meter”, señaló en X la exministra de Agricultura, Cecilia López, sobre esta propuesta.

Modificaciones al Acuerdo

Asimismo, el primer mandatario planteó que el plazo de cumplimiento del acuerdo de paz y la vigencia de las 16 subregiones PDET se extienda por 7 años más, es decir, mínimo hasta 2038. Este asunto es en el que parece haber mayor consenso.

Finalmente, sobre la creación de un sistema único de verdad, justicia, reparación y reconciliación para todos los actores del conflicto, que, según el primer mandatario, tendría en cuenta incluso a “organizaciones narcotraficantes que tengan que ver con el conflicto”, Alape sostuvo que en su criterio es necesaria “una política de justicia definida que no permita escapes”.

Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, consideró que puede interpretarse lo dicho por Petro de varias formas. La primera, dijo, es que la “preocupación que tiene el Presidente es la misma que tenemos los colombianos, sobre la necesidad inaplazable de buscar la paz, y desde luego, eso implica que sea con todos los grupos armados, vinculados con el conflicto armado y no con cualquier organización delictiva, para que esa búsqueda de la paz no sea fragmentada. Esta es una mirada política y ciudadana que coincide”.

Pero así mismo, en una mirada jurídica y con los límites legales que existen, dijo que “crear un solo tribunal de cierre implica desconocer el propio acuerdo de paz del 2016 que dio vida a la JEP, así como desconocer las competencias de Justicia y Paz, y de la justicia ordinaria. Considero que es poco viable, implica reformas constitucionales y legales, pero, sobre todo, necesita un respaldo político mayoritario que el Gobierno no tiene; además, el tiempo corre en contra de esta pretensión”, dijo el académico.