Petro propone elección popular de jueces como en México, pero expertos advierten riesgos

El presidente Gustavo Petro ha propuesto la implementación de la elección popular de jueces en Colombia, una iniciativa similar a la que se implementó en México durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

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Antecedentes de la reforma en México

En México, la reforma constitucional impulsada por AMLO permitió la elección popular de todos los jueces, incluidos los de la Suprema Corte, mediante voto directo.

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El objetivo de esta reforma, según AMLO, era limpiar la corrupción del poder judicial y dar "ejemplo" al mundo. Sin embargo, la iniciativa ha generado dudas y preocupaciones sobre la independencia de poderes y la posible politización del sistema judicial.

Preocupaciones y críticas

Expertos han advertido que la elección popular de jueces podría politizar el poder judicial, haciéndolo vulnerable a manipulaciones políticas y al narcotráfico.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha expresado su "grave preocupación" por el impacto de la norma sobre la independencia judicial y el Estado de derecho.

Además, la elección de jueces podría incentivarlos a tomar decisiones para ganar votos y satisfacer a grupos políticos en lugar de resolver imparcialmente los casos basándose únicamente en los hechos y la ley.

Propuesta de Petro y paralelismo con México

Las propuestas de Petro surgen en un contexto de tensiones entre el Ejecutivo y las altas cortes colombianas, a las que el presidente ha criticado por sus decisiones.

Al igual que AMLO, Petro argumenta que es necesario seguir los deseos de cambio del pueblo, que, según él, no son seguidos por las doctrinas jurídicas tradicionales.

Sin embargo, expertos advierten que la implementación de la elección popular de jueces en Colombia podría tener consecuencias similares a las observadas en México, como la politización del poder judicial y la exposición a la corrupción.

Conclusión

La propuesta de elección popular de jueces planteada por Petro es controvertida y ha generado preocupaciones sobre su impacto en la independencia judicial y el Estado de derecho.

Expertos y organismos internacionales han advertido sobre los riesgos potenciales de esta iniciativa, que podría socavar la imparcialidad y la transparencia del poder judicial.