Polémica en redes: María José Pizarro y Daniel Samper Ospina se enfrentan por contratos a ‘influencers’
La controversia sobre la financiación de ‘influencers’ afines al gobierno de Gustavo Petro sigue generando debate. En esta ocasión, la discusión se encendió en redes sociales entre la congresista María José Pizarro y el columnista Daniel Samper Ospina, a raíz de los contratos otorgados a estos creadores de contenido. Samper Ospina, conocido por su postura crítica frente al gobierno actual, calificó a estos ‘influencers’ como «sicarios digitales», acusándolos de desprestigiar a quienes piensan diferente y de ser financiados con fondos públicos.
El origen de la disputa: Un tuit desató la tormenta
Según Santiago Buenaventura, autor de la nota en Pulzo, todo comenzó con un tuit de Daniel Samper Ospina donde compartía una noticia que presuntamente evidenciaba los pagos que reciben algunos tuiteros para hablar a favor del Gobierno y atacar a sus opositores. Samper Ospina no dudó en expresar su opinión, generando una fuerte reacción por parte de María José Pizarro.
«Sicarios digitales financiados con nuestros impuestos cuyas campañas de desprestigio degradan el debate y matan a la democracia», afirmó Samper Ospina, desatando la furia de la congresista Pizarro.
Pizarro defiende la diversidad de opinión
María José Pizarro no tardó en responder a las acusaciones de Samper Ospina, defendiendo la legitimidad de las opiniones de los ‘influencers’ que apoyan al gobierno. La congresista argumentó que se está negando la diversidad de opiniones y el pensamiento crítico, y criticó que no se cuestionen los gastos en publicidad de otros sectores políticos.
«Acostumbrados a la pleitesía durante décadas, se niegan a aceptar la diversidad de opinión y el pensamiento crítico. ¿Qué sigue? Lo cierto es que la opinión de los influenciadores políticos es tan respetable como la tuya, estimado Daniel. Resulta increíble que los miles de millones invertidos en pauta por Vicky, Miguel Uribe, Vargas Lleras y otros, cuyo origen desconocemos, no te provoquen la más mínima reflexión», respondió Pizarro, según Pulzo.
Samper se reafirma en sus críticas
La respuesta de Pizarro no convenció a Samper Ospina, quien reiteró su postura y acusó a los ‘influencers’ de difundir mensajes difamatorios contra los opositores del Gobierno, financiados con recursos públicos.
«Perdón, senadora: ¿cuál diversidad de opinión es lanzar mensajes difamatorios, de forma sincronizada, como reacción al “delito” de cuestionar al político al que le rinden pleitesía, y hacerlo, encima de todo, financiados por los dineros de los impuestos, que deberían invertirse en la población más pobre de Colombia y no en “propaganda” de este estilo?», contraatacó Samper Ospina, de acuerdo con Pulzo.
¿Debería sancionarse esta práctica?
Samper Ospina fue más allá y sugirió que esta práctica de financiar ‘influencers’ con fondos públicos para atacar a opositores debería ser sancionada. El columnista afirmó que, si bien está abierto a la crítica y practica la sátira sin distinción ideológica, las comunicaciones difamatorias financiadas por el Estado merecen una sanción.
El trasfondo: Contratos millonarios a ‘influencers’ petristas
La polémica desatada por Samper Ospina tiene su origen en una serie de contratos que el Gobierno ha otorgado a un grupo de tuiteros, que en conjunto suman 700 millones de pesos. Esta situación ha generado fuertes cuestionamientos sobre el uso del presupuesto público y ha sido señalada como una estrategia para fortalecer al movimiento de Petro de cara a las elecciones de 2026.
Integrantes del Gobierno como Gustavo Bolívar, Cielo Rusinque y María Fernanda Carrascal han defendido estos contratos, argumentando que se trata de una estrategia de comunicación legal. Sin embargo, la controversia persiste y sigue generando debate en la opinión pública.
El debate continúa
La discusión entre María José Pizarro y Daniel Samper Ospina refleja la polarización que existe en Colombia en torno al gobierno de Gustavo Petro y la financiación de ‘influencers’ en redes sociales. El debate sobre el uso de fondos públicos y la libertad de expresión seguirá generando controversia en los próximos meses.
El director de Prosperidad Social defendió la contratación de ‘influencers’ asegurando que «Se aterran porque, dentro de una estrategia de comunicación legal, se contrata a ‘influencers’: todo el Gobierno invierte 700 millones de pesos para 25 personas en un año, pero omiten que, desde DPS, pagamos un comercial de 30 segundos por 190 millones de pesos a Caracol TV, del grupo El Espectador».
