Debate en Redes: María José Pizarro y Daniel Samper Ospina Discuten por Contratos a Influencers Petristas
La controversia sobre la financiación de influencers políticos en Colombia sigue generando intensos debates. Recientemente, la congresista María José Pizarro y el columnista Daniel Samper Ospina protagonizaron un acalorado intercambio en redes sociales, avivando la discusión sobre la legitimidad y el impacto de estos contratos. Según Santiago Buenaventura, autor de Pulzo, el enfrentamiento surgió a raíz de las críticas de Samper Ospina hacia los tuiteros que expresan su apoyo al gobierno de Gustavo Petro, calificándolos de «sicarios digitales» financiados con fondos públicos.
El Origen de la Disputa: Un Tuit Detonante
Todo comenzó cuando Daniel Samper Ospina, conocido por su postura crítica hacia el gobierno actual, compartió una noticia que supuestamente evidenciaba pagos a creadores de contenido para favorecer la imagen del gobierno y desacreditar a la oposición. Samper Ospina no dudó en expresar su descontento, acusando a estos influencers de llevar a cabo campañas sucias financiadas con impuestos de los ciudadanos. «Sicarios digitales financiados con nuestros impuestos cuyas campañas de desprestigio degradan el debate y matan a la democracia», afirmó el columnista, según Pulzo.

La Respuesta de María José Pizarro: Defensa de la Diversidad de Opinión
La reacción de María José Pizarro no se hizo esperar. La congresista defendió la validez y el respeto que merecen las opiniones de los tuiteros petristas, argumentando que Samper Ospina se niega a aceptar la diversidad de opiniones. Pizarro también cuestionó la falta de crítica del columnista hacia la inversión millonaria en publicidad por parte de figuras como Vicky Dávila, Miguel Uribe y Vargas Lleras, cuyos orígenes, según ella, son desconocidos. «Acostumbrados a la pleitesía durante décadas, se niegan a aceptar la diversidad de opinión y el pensamiento crítico. ¿Qué sigue? Lo cierto es que la opinión de los influenciadores políticos es tan respetable como la tuya, estimado Daniel. Resulta increíble que los miles de millones invertidos en pauta por Vicky, Miguel Uribe, Vargas Lleras y otros, cuyo origen desconocemos, no te provoquen la más mínima reflexión», manifestó Pizarro, citada por Pulzo.

La Contra réplica de Samper Ospina: Acusaciones de Difamación Financiada
Daniel Samper Ospina respondió a Pizarro, manteniendo su postura crítica. Argumentó que la supuesta diversidad de opiniones en realidad encubre mensajes difamatorios dirigidos a los opositores del gobierno, financiados con recursos públicos. «Perdón, senadora: ¿cuál diversidad de opinión es lanzar mensajes difamatorios, de forma sincronizada, como reacción al “delito” de cuestionar al político al que le rinden pleitesía, y hacerlo, encima de todo, financiados por los dineros de los impuestos, que deberían invertirse en la población más pobre de Colombia y no en “propaganda” de este estilo?», cuestionó Samper, según Pulzo.
El Debate sobre la Sanción a la Difamación Estatal
Samper Ospina también sugirió que estas prácticas deberían ser sancionadas, argumentando que, si las comunicaciones de los líderes políticos resultan difamatorias y están financiadas por el Estado, merecen una sanción. La polémica se centra en si el uso de fondos públicos para financiar a influencers políticos constituye una forma legítima de comunicación gubernamental o una campaña de desprestigio encubierta.
Los Contratos en el Centro de la Polémica: 700 Millones de Pesos Bajo la Lupa
La crítica de Samper Ospina se originó en una serie de contratos entre el gobierno y un grupo de tuiteros, que ascienden a 700 millones de pesos. Esta situación ha generado interrogantes sobre el uso del presupuesto público y si estos fondos se están utilizando para fortalecer al movimiento de Petro de cara a las elecciones de 2026, como señalan algunos críticos. Miembros del gobierno actual han defendido estos contratos, argumentando que forman parte de una estrategia de comunicación legal. Gustavo Bolívar, Cielo Rusinque y María Fernanda Carrascal se han manifestado a favor de justificar estos pagos, según Pulzo.
La Defensa del Gobierno: Estrategia de Comunicación vs. Inversión Publicitaria
El director de Prosperidad Social defendió la contratación de influencers como parte de una estrategia de comunicación, señalando que la inversión total del gobierno en este rubro es de 700 millones de pesos para 25 personas en un año. Comparó esta cifra con los 190 millones de pesos pagados a Caracol TV por un comercial de 30 segundos. Este argumento busca contextualizar la inversión en influencers como una práctica común en la comunicación gubernamental.
Implicaciones y Perspectivas Futuras
El debate entre María José Pizarro y Daniel Samper Ospina refleja la creciente polarización en el panorama político colombiano. La discusión sobre la financiación de influencers políticos plantea importantes interrogantes sobre la transparencia, la ética y el impacto de las campañas de comunicación en la opinión pública. A medida que se acercan las elecciones de 2026, es probable que este tema siga generando controversia y exigiendo una mayor rendición de cuentas por parte de los actores políticos involucrados.