El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se encuentra en el centro de una creciente polémica tras sus recientes declaraciones despectivas hacia las mujeres periodistas. El pasado 1 de septiembre, durante un discurso en Nuquí, Chocó, Petro calificó a las periodistas como “muñecas de la mafia”, desatando una ola de indignación y demandas legales.

En un evento oficial para la posesión de la nueva Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, Petro hizo comentarios que han sido ampliamente criticados. En su discurso, afirmó que “las periodistas del poder, las muñecas de la mafia” habían contribuido a construir una tesis de terrorismo en la protesta y criminalizar el derecho a manifestarse. Estas palabras no solo desataron críticas desde diversos sectores de la sociedad, sino que también llevaron a la presentación de una demanda formal en su contra.

El abogado Germán Calderón España ha presentado una tutela ante el Consejo de Estado, solicitando que se ordene al presidente Petro ofrecer una disculpa pública y retractarse de sus declaraciones. Calderón España argumenta que los comentarios de Petro violan los derechos fundamentales de las mujeres periodistas y afectan gravemente su dignidad. Esta acción se basa en el artículo 15 de la Ley 1257 de 2008, que establece normas para prevenir y sancionar la violencia y discriminación contra las mujeres.

El abogado señala que las declaraciones de Petro no solo constituyen un ataque a la integridad de las periodistas, sino que también buscan causar un daño psicológico generalizado. En su tutela, Calderón España enfatiza que tales comentarios degradan, intimidan, amenazan y humillan a las mujeres periodistas, afectando su salud psicológica.

Las declaraciones de Petro han generado una amplia gama de reacciones. La Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) ha exigido una retractación y el respeto hacia la labor de las periodistas. Por su parte, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) ha calificado los comentarios del presidente como “ofensivos, irrespetuosos y estigmatizantes”.

El gremio periodístico se ha movilizado para exigir que se tomen medidas adecuadas, recordando que el respeto hacia los profesionales de la comunicación es fundamental para garantizar la libertad de prensa. La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) también ha subrayado la responsabilidad del presidente como vocero del Estado en proteger los derechos de las mujeres periodistas y evitar agresiones en el ejercicio de su labor.

Además de la demanda presentada en el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha abierto una investigación para determinar si las declaraciones de Petro pueden constituir una violación de las normas electorales. El CNE está examinando si el presidente utilizó su cargo para influir en la opinión pública de manera indebida y si sus comentarios representan una forma de violencia política contra las mujeres.

El caso de las “muñecas de la mafia” está generando un debate intenso sobre los límites de la libertad de expresión y el respeto a los derechos de las mujeres. Algunos expertos argumentan que las declaraciones de Petro deberían considerarse protegidas por la libertad de expresión, mientras que otros sostienen que constituyen un discurso de odio que no debería ser tolerado.

El resultado de la tutela y la investigación del CNE podría establecer un importante precedente sobre el uso del lenguaje por parte de los funcionarios públicos y sus responsabilidades en la protección de los derechos humanos. A medida que la situación se desarrolla, la comunidad y los expertos siguen de cerca el desenlace de estos procesos legales y su impacto en la sociedad colombiana.

En conclusión, la controversia en torno a los comentarios de Gustavo Petro no solo pone en el centro del debate la responsabilidad de los funcionarios públicos en sus declaraciones, sino que también resalta la necesidad de un respeto absoluto hacia la dignidad de todas las personas, especialmente en el ámbito profesional y público.