Procuraduría presenta acción popular por afectaciones ambientales en Ciudad Mallorquín
El Ministerio Público advirtió que el proyecto, que contempla la construcción de 12.000 viviendas, un centro comercial y un hotel, podría generar un aumento significativo de la contaminación del aire, el agua y el suelo, así como afectar la biodiversidad y los ecosistemas de la zona.
La Procuraduría señaló que el proyecto no cuenta con los permisos ambientales necesarios y que su construcción podría generar un impacto negativo en la salud de los habitantes de la zona, especialmente en los niños y los adultos mayores.
El ente de control solicitó al Tribunal que ordene al Distrito de Barranquilla, a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) y a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) que tomen las medidas necesarias para proteger el medio ambiente y la salud pública en el área afectada.
Antecedentes
El proyecto Ciudad Mallorquín ha sido objeto de polémica desde su inicio. En 2019, la Corte Constitucional ordenó suspender las obras por considerar que el proyecto no contaba con los permisos ambientales necesarios.
En 2020, el Tribunal Administrativo del Atlántico levantó la suspensión de las obras, pero ordenó a la Alcaldía de Barranquilla y a la CRA realizar estudios adicionales sobre el impacto ambiental del proyecto.
Reacciones
La presentación de la acción popular por parte de la Procuraduría ha generado reacciones encontradas. Los defensores del proyecto argumentan que es necesario para el desarrollo de la ciudad, mientras que los opositores sostienen que tendrá un impacto negativo en el medio ambiente y la salud pública.
El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, manifestó que el proyecto cuenta con todos los permisos ambientales necesarios y que se están tomando todas las medidas para mitigar su impacto ambiental.
Por su parte, la directora de la CRA, Ana Lucrecia Ramos, señaló que el proyecto cuenta con un Plan de Manejo Ambiental que garantiza la protección del medio ambiente.
Conclusión
La acción popular presentada por la Procuraduría es un paso importante para proteger el medio ambiente y la salud pública en el área afectada por el proyecto Ciudad Mallorquín. El Tribunal Administrativo del Atlántico tendrá la última palabra sobre el futuro del proyecto.