Vandalismo en Bogotá: un problema recurrente que afecta a la ciudadanía
El lamentable saldo de la jornada del Día del Trabajo, según la Secretaría de Gobierno de Bogotá, dejó daños físicos acumulados a nueve buses troncales y uno zonal, ocho estaciones y dos paraderos. Y esa misma es la historia de todos los años. Tan solo en 2023, se presentaron 1.137 eventos de vandalismo y este año ya van 259.
Lo grave es que la reparación de la flota en ambos periodos les ha costado a los bolsillos de los bogotanos más de 514 millones de pesos que se sacan del pago de impuestos de los contribuyentes. Solo un bloqueo en la calle 26, frente a la Universidad Nacional, puede afectar hasta 700.000 personas si esta ocurre en un horario neurálgico de la ciudad.
Las marchas legítimas, en este caso de los trabajadores que defendían la reivindicación de sus derechos laborales, se ven manchadas por agresiones contra el mobiliario público de algunos grupos que ya están siendo identificados por las autoridades y que suelen aparecer en escena en las horas pico de la tarde y ocasionar todo el daño posible en solo cuatro horas, afectando al 70 por ciento de los pasajeros del día que se concentran en 6,5 horas pico.
Las troncales más afectadas son las calles 26 con 27 bloqueos; la NQS central con 11 y las Américas y Caracas, cada una con seis registros y con relación al componente zonas, las localidades en donde se concentraron más movilizaciones fueron Teusaquillo con 33, Santa Fe con 21, igual que Chapinero y La Candelaria con 14 para un total de 89 casos.
El vandalismo es un delito que afecta a la sociedad
El vandalismo es un delito en Colombia y además afecta al pueblo que estos mismos personajes aseguran defender. Lo que hacen es afectar a los ciudadanos con bloqueos, daño a los bienes públicos, a un bus, a un articulado, un SITP y por ende toda la movilidad.
Todo ese tipo de acciones son actos que generan caos y que deben ser reprimidos por la autoridad de manera rápida. No podemos permitir que todo esto se convierta en un hábito. Hay que instar a las autoridades competentes a identificar, individualizar y judicializar a aquellos ciudadanos que, entendiendo mal el acto jurídico de una manifestación, se dedican a lesionar los bienes públicos y los derechos de los demás ciudadanos.