La violencia en la región del Catatumbo, ubicada en el noreste del departamento de Norte de Santander, Colombia, ha escalado a niveles alarmantes en las últimas 24 horas.

23 muertos confirmados, pero podrían ser más

Según datos oficiales de la Defensoría del Pueblo, 23 personas han perdido la vida en enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, fuentes extraoficiales indican que el número de víctimas podría ascender a 34.

Víctimas: excombatientes de las FARC y civiles

Entre los fallecidos se encuentran excombatientes de las FARC que se habían reincorporado a la sociedad civil. Las cifras apuntan a que entre cinco y siete firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 han sido asesinados en diferentes zonas del Catatumbo.

La situación también ha dejado un saldo de heridos, secuestrados y al menos 70 familias desplazadas. Las amenazas han obligado a los alcaldes de algunos municipios a abandonar sus jurisdicciones.

Respuesta del gobierno

El gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, ha solicitado la intervención del presidente Gustavo Petro para atender la grave situación en el Catatumbo. Sin embargo, hasta el momento no se han anunciado medidas concretas por parte del gobierno nacional.

El presidente Petro se ha pronunciado en redes sociales, condenando la violencia y anunciando que la delegación oficial del gobierno ante los diálogos de paz con el ELN se pronunciará al respecto. También se espera la visita del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, a la región.

El recrudecimiento de la violencia en el Catatumbo ha generado preocupación entre organizaciones humanitarias y líderes sociales, quienes hacen un llamado al gobierno y a los grupos armados ilegales para que cesen los enfrentamientos y protejan a la población civil.

Reacciones

El gobernador Serrano ha calificado la situación como "angustiosa" y ha denunciado el inicio de una guerra entre el ELN y las disidencias de las FARC.

Las autoridades atribuyen el estallido de la violencia al asesinato de una familia en el municipio de Tibú, el pasado 16 de enero.

La Asociación de Madres del Catatumbo ha exigido al gobierno que "ensangrente" la región y que tome medidas urgentes para detener la violencia.