El Consejo General del Poder Judicial afronta el reto de cubrir casi un centenar de vacantes en la cúpula judicial

El nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se enfrenta a la ardua tarea de cubrir las casi cien vacantes existentes en la cúpula judicial. Esta situación, originada por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en 2021, ha provocado el atasco en la resolución de asuntos en los tribunales.

Un reto prioritario

Una vez que los 20 vocales tomen posesión de sus cargos, la maquinaria se pondrá en marcha para entrevistar y analizar los méritos y capacidades de los aspirantes a los distintos puestos vacantes. Entre ellos se incluyen plazas en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los tribunales superiores de justicia, las audiencias provinciales y la jurisdicción militar.

Tribunal Supremo, el más afectado

El Tribunal Supremo es el órgano más afectado por la falta de jueces, con 26 despachos vacantes de un total de 79 magistrados. Esto supone más del 30% de su plantilla. La Sala de lo Contencioso-Administrativo es la más perjudicada, con 12 magistrados menos, entre ellos su presidente. Además, se han producido dos nuevas bajas tras la elección de Ángel Arozamena y José Antonio Montero como vocales del CGPJ.

Otras salas afectadas

Otras salas del Supremo también se han visto afectadas por el bloqueo del órgano de gobierno de los jueces. La Sala de lo Social cuenta con la presidencia vacante y cinco plazas de magistrados sin cubrir. La Sala de lo Civil tiene a su presidente en funciones y tres sillas vacías, al igual que la Sala de lo Militar, que tiene tres vacantes. La Sala de lo Penal, por su parte, solo tiene un hueco por cubrir.

Audiencia Nacional y resto de tribunales

En la Audiencia Nacional, las presidencias de las salas de lo Penal y de lo Social también están en funciones. Los nuevos vocales tendrán que cubrir también 27 plazas de la Jurisdicción Militar, 30 presidencias de las 50 audiencias provinciales y 40 vacantes en tribunales superiores de Justicia.

El CGPJ se encuentra ante un importante reto que deberá abordar con celeridad para garantizar el buen funcionamiento de la justicia en España.