El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha dado un giro inesperado al ignorar las suspensiones judiciales que impedían su colaboración con el Senado para la elección por voto popular de jueces y magistrados en junio de 2025. Este cambio de postura ha desbloqueado la reforma judicial propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, allanando el camino para la votación directa de estos cargos judiciales.
Votos a favor del desbloqueo
La decisión del CJF, presidido por Norma Lucía Piña, se tomó con cuatro votos a favor y tres en contra. Este resultado ha sido recibido con sorpresa, ya que la propia presidenta se había mostrado contraria a la reforma. No obstante, el consejero Adán Augusto López, también coordinador de la bancada de Morena en el Senado, ha reconocido su intervención en la decisión, convencido de que los políticos tienen el deber de contribuir a la buena marcha de los asuntos públicos.
Papel de la Secretaría de Gobernación
Además de López Hernández, la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha desempeñado un papel clave en las negociaciones con los consejeros. Su labor, enfocada en las relaciones con otros poderes, ha sido reconocida por el senador López Hernández.
Convocatoria para elecciones judiciales
El Senado, presidido por Gerardo Fernández Noroña, ha anunciado que el 16 de octubre emitirá la convocatoria para las elecciones judiciales. Posteriormente, el 31 de octubre se instalarán los comités de evaluación, encargados de garantizar la selección de los candidatos más cualificados.
Reacciones a la decisión
La decisión del CJF ha suscitado reacciones encontradas. Mientras algunos la ven como un avance hacia una justicia más democrática y participativa, otros expresan su preocupación por posibles interferencias políticas en el proceso de selección.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha anunciado que analizará la legalidad de la reforma judicial, lo que podría dar lugar a nuevas tensiones entre los poderes Ejecutivo y Judicial.