La justicia admite una demanda contra el aumento del impuesto inmobiliario rural en Buenos Aires
La jueza María Fernanda Bisio, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial La Plata, resolvió dar curso a la acción declarativa de certeza presentada por un abogado y productor ganadero de San Vicente que demandó a la provincia de Buenos Aires por el aumento del impuesto Inmobiliario Rural. La magistrada abrió un juicio contra la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) y le dio cinco días para que responda un informe.
¿Por qué se quejan los productores?
Desde hace más de un mes, en la provincia de Buenos Aires los productores se vienen quejando de que la suba del Inmobiliario Rural supera el 200% esperado tras lo aprobado el año pasado en la Legislatura provincial: hablan de casos del 500%. En las últimas semanas hubo diversas asambleas de productores y el 5 del mes próximo habrá una movilización en Azul organizada por autoconvocados a la que a se sumaron rurales del norte provincial.
Puntos clave de la demanda
En principio, para Arechavala el punto clave es que la Justicia entendió en este primer paso que “la razón y el motivo [de la presentación judicial] puede llegar a tener fundamento”, según dijeron a este medio. A partir de ahora la provincia está en juicio y se le corre traslado por 45 para que conteste la demanda.
ARBA se defiende
El director de ARBA, Cristian Girard, dijo que había “cuestiones políticas” detrás de la queja de los ruralistas.
“No me parece que estemos ante una situación crítica por el impuesto inmobiliario y el sector rural. Sí me parece que hay un intento de sectores concentrados que tienen posiciones políticas muy claras; muchos de los voceros de este conflicto han sido candidatos en la lista de La Libertad Avanza".
Agregó: “El peso del Inmobiliario Rural en los costos de producción del sector agropecuario no es un factor determinante como para generar este nivel de reclamo contra el gobierno provincial. Creo que el conflicto está motivado por cuestiones políticas, y no por el aumento impositivo”.
¿Qué dicen los ruralistas?
Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), le respondió al funcionario: “En la escala de 200% de la mayoría, la situación da 250-270% a pagar. Y eso no es lo que la ley preveía. Entonces, el golpe en el bolsillo del productor es mucho mayor. Además de esto, no hay partidas de US$3 millones que yo conozca. Sí hay partidas que superan los $198,8 millones y que no tienen tope, por lo cual los aumentos son de arriba del 300 y el 400%.
Agregó: “Esta es la realidad que tenemos hoy y la situación compleja. Negándola no vamos a llegar a ningún lado. Acá es totalmente necesario hacer una revisión y evitar este nivel de confusión, de preocupación y de bronca que tiene el productor ante esta situación tributaria. Así que seguir alargando esto con criterios, opinando o no opinando sobre determinadas cuestiones, no sirve”.