Alberto González Amador admite delitos fiscales y ofrece reparación

Alberto González Amador, dispuesto a reparar el daño fiscal

Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está dispuesto a reparar el daño causado por dos delitos fiscales reconocidos por un monto de 350.000 euros en sus declaraciones del impuesto de sociedades de 2020 y 2021. El empresario ofreció pagar la cantidad defraudada más los intereses de demora, lo que ascendería a una suma superior a los 380.000 euros, para evitar la cárcel.

Tendencias Prisión preventiva para deudores fiscales: Una amenaza para la libertad y la economíaLa reforma constitucional que incluye la prisión preventiva oficiosa por delitos fiscales preocupa al sector privado, que teme abusos y arbitrariedades por parte de las autoridades. La medida podría desalentar la inversión y el crecimiento económico.

González Amador reconoció ante la Agencia Tributaria la falsedad de facturas por valor de 600.000 y casi un millón de euros, con las que pretendía deducirse gastos. Pese a ello, presentó una querella contra la Fiscalía Provincial de Madrid, acusándola de un delito de revelación de secretos por informar sobre su oferta de acuerdo.

Tendencias Declaración de Alberto González Amador aplazada por indicios de más delitosLa declaración de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha sido aplazada por indicios de más delitos, según escritos del PSOE y Más Madrid.

El Código Penal establece el pago de la cuota defraudada, intereses de demora y una multa de hasta el séxtuplo de esa cantidad para este tipo de conformidades.

El abogado de González Amador justifica su oferta como un intento de evitar que la noticia trascendiera, ya que podría tener "un efecto deformador de las garantías procesales" debido a su relación con la presidencia de la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, la información se conoció más de un mes después de que González Amador reconociera los delitos. El abogado evita mencionar en su querella la filtración de un correo del fiscal a su cliente, que fue difundida por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso.

El Servicio Jurídico de la Agencia Tributaria concluyó que la conducta de González Amador "no fue un mero error, sino una conducta consciente, deliberada y dolosa" y que hubo "un delito continuado en un plan preconcebido con facturas falsas y explicaciones inverosímiles e inaceptables".